La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ha entregado un informe demoledor sobre las violaciones por parte del gobierno en el contexto de las protestas del 1 de abril al 31 de julio de 2017.
Dicho informe analiza con suficiente documentación y a la luz de la verdad, la sistemática actuación de las autoridades dictatoriales, donde se citan casos que van desde la tortura, malos tratos y violaciones graves al debido proceso, pasando por los numerosos crímenes cometidos, producto de la fuerza excesiva y de procedimientos delincuenciales como la modificación de municiones que fueron utilizadas en forma letal contra los manifestantes.
Aproximadamente fueron detenidas 5051 personas, entre ellas 410 niñas y niños, sometidos a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, utilización de descargas eléctricas, fuertes palizas, asfixia, amenaza de violencia sexual y muerte. La detención en régimen de incomunicación, allanamientos ilegales, así como una verdadera cacería contra los periodistas y los medios de comunicación Nacionales e Internacionales.
Se reseña, de igual manera, las actividades de los grupos paramilitares, conocidos como colectivos armados, fuerzas de choque ideadas por Maduro y cuyo comandante máximo es Freddy Bernal, ex policía y conspicuo asesino en serie. Ahora se les responsabiliza de por lo menos 27 muertes, en estos trágicos días, donde la sangre de jóvenes Venezolanos fue derramada en las calles del país.
Los testimonios allí narrados dan cuenta de la tortura a que fueron sometidos los detenidos, incluyéndose palizas con barras de metal, alicates, bates de béisbol, quemaduras hechas con cigarrillos , esposados y arrodillados como el caso del diputado Wilmer Azuaje, entre tantos, maltratados y amenazados en las cárceles del régimen, que copian los más crueles procedimientos hitlerianos.
Se presentaron varios casos de desapariciones forzadas, “una forma particularmente agravada de detención arbitraria que viola normas sustantivas y procesales en materia de derechos humanos”.
En este lapso de tiempo se cometieron 554 violaciones a la libertad de expresión, afectando más de 400 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Fueron cerradas por el gobierno 24 emisoras de radio, canales digitales, canales internacionales y la televisora de la Universidad de los Andes. Jamás en Venezuela, había ocurrido semejante guerra contra los medios de comunicación.
Igualmente, se narran los ataques a la Asamblea Nacional, los allanamientos violentos y destrucción de la propiedad privada, la aplicación ilegal de la justicia militar a civiles, violación al derecho a la reunión pacifica, los ataques incesantes a los partidos y dirigentes de la oposición.
Hace evidente el informe la violación sistemática de la Constitución Nacional, numerosas leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos. También instrumentos normativos internos, como el código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ,los principios básicos sobre el uso de armas de fuego, reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, principios básicos sobre la independencia de la judicatura, la función de los fiscales y el respeto a la actuación de los abogados. Es decir, la normativa violada alcanza la altura del cerro Ávila.
En el siguiente cuadro presentado en el informe in commento, aparecen los responsables de esta masacre. Ellos jamás escaparan a la justicia nacional e internacional, cuando Venezuela recupere la democracia. De allí la importancia de este documento que los demócratas debemos conservar, ya que es el arma de la justicia que se impone sobre la crueldad y la persistencia por parte de la dictadura de crímenes de lesa humanidad.