La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, consideró este miércoles que en la nueva mesa de diálogo se abra un espacio para la participación de actores sociales, con la finalidad de que aporten a ese proceso y le de más legitimidad y transparencia al proceso.
“La sociedad venezolana no se reduce a dos polos en conflicto, sino a una multiplicidad de actores que tienen mucho que aportar y que día a día, pese a las dificultades, perseveran para construir un mejor país”, señaló a través de un comunicado.
En ese sentido, destacó que este proceso debe ser de conocimiento público para generar confianza en la sociedad. “Debemos orientar este proceso hacia la resolución de los verdaderos problemas que aquejan a los venezolanos”.
Comunicado completo:
A propósito del inicio de un nuevo proceso de diálogo entre delegados del gobierno y de la oposición venezolana en República Dominicana, me permito dirigirme a todos los venezolanos preocupados por el destino de nuestro amado país.
La magnitud de la crisis sin precedentes que nos aqueja exige que todo esfuerzo para su solución esté revestido de la mayor legitimidad y transparencia. De ello depende que los posibles acuerdos sean aceptados por la amplia mayoría de la población venezolana.
Debe constituir motivo de reflexión la ausencia en el diálogo de los amplios sectores que representen el sentir y las inquietudes de la gran mayoría de los venezolanos. En ese escenario,
¿Quién representa a las víctimas de violación de derechos humanos? ¿Quién representa a los familiares de los fallecidos por falta de medicamentos o atención médica deficiente? ¿Quién representa a las víctimas de la OLP? ¿Quién es la voz de los maestros, sindicalistas, obreros, universitarios, campesinos, madres y padres víctima de la violencia delictiva? ¿Quién representa a las comunidades desplazadas y afectadas por los crímenes ambientales de los megaproyectos extractivistas petroleros y mineros que atentan contra nuestra biodiversidad? ¿Quién hablará por ellos?
De tal manera, se impone abrir el abanico de la participación de actores políticos que trasciendan la polarización, así como de actores sociales que aporten a ese proceso y, de esta forma, se procure dar una mayor legitimidad y transparencia al diálogo. La sociedad venezolana no se reduce a dos polos en conflicto, sino a una multiplicidad de actores que tienen mucho que aportar y que día a día, pese a las dificultades, perseveran para construir un mejor país.
Asimismo, resulta imperativo que la agenda de estos nuevos acercamientos sea del conocimiento público para generar confianza en la sociedad y evitar acuerdos desde cenáculos apartados de la gente.
Por otra parte, constituye una importante preocupación para la población, defensores de derechos humanos, sectores académicos, y mía propia, que no se observa hasta ahora en la agenda de temas propuestos, la atención de un asunto de tanta relevancia como la reconstrucción de un Sistema de Justicia que sea verdaderamente independiente, transparente y eficaz, para que el Poder Judicial y demás instancias del sistema penal, estén al servicio de toda la nación.
Durante los acontecimientos relacionados con la agudización de la crisis venezolana, se ha utilizado la persecución penal como arma para callar todo pensamiento divergente. Por ello, se impone la necesidad de una profunda reflexión sobre el destino que tendrá el Sistema de Justicia, cuyo funcionamiento actual está orientado a servir al gobierno para materializar sus apetencias. Cualquier proceso de diálogo que procure una paz duradera en Venezuela, debe descansar sobre la aplicación legítima y transparente de la Justicia, que contribuya a sanar las heridas de quienes han sido afectados por estos crímenes. No se puede reconstruir un país sin primero construir las bases de una verdadera justicia.
Resulta también preocupante que uno de los actores del diálogo pretenda imponer la agenda de debate, lo que coloca en riesgo el propio éxito de este proceso que recién se ha anunciado públicamente. Pretender, por ejemplo, legitimar la actual Asamblea Nacional Constituyente, cuya ilegitimidad es de origen, deja intacto el quebrantamiento del orden constitucional y republicano que nos dimos en 1999 con la Constitución Bolivariana. Urge recuperar el normal desenvolvimiento de las instituciones democráticas apegadas a los principios universales de la ética pública y la moral administrativa para el ejercicio de las más altas investiduras en el país.
Un proceso de diálogo no puede eximir a ninguno de los actores participantes de sus responsabilidades frente a la agudización de la confrontación ideológica, política e institucional polarizada que condujo a la muerte de más de un centenar de venezolanos, así como de los alarmantes indicadores sociales, la crisis de alimentación, salud, trabajo e inseguridad, que nos llevó a la grave situación que atraviesa el país, reconocida ya por la comunidad internacional ante el padecimiento de los venezolanos que han visto mermada su calidad de vida diariamente.
Finalmente, considero que debemos orientar este proceso hacia la resolución de los verdaderos problemas que aquejan a los venezolanos. Solo de esta forma avanzaremos hacia la paz genuina y el restablecimiento de los principios democráticos que deben regir el destino de Venezuela. El éxito de este nuevo intento dependerá de la voluntad de los actores responsables de la conducción política e institucional del país para incluir a todos los sectores de la vida nacional, así como del acompañamiento imparcial que logren realizar los organismos internacionales y gobiernos que lo propician.
Mi posición frente al diálogo. Venezuela nos convoca a todos. #20Sep pic.twitter.com/E8QDEDGlnl
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 21 de septiembre de 2017