Hoy en su programa “Vladimir a la Una” el periodista entrevistó a la esposa de uno de los policías de Chacao, que sigue preso junto a otros trece de ellos a pesar de tener orden de excarcelación. En medio de conmovedores sollozos la mujer explicó cómo los familiares y amigos de las víctimas han recorrido todas las instancias y a pesar de la decisión firme del juez de dejarlos en libertad, el Sebin se niega a la ejecución. En cualquier país donde exista medianamente un “Estado de Derecho” el poder judicial ya se hubiera hecho respetar y se habrían liberado los detenidos. La entrevistada también narró la situación de violaciones a los derechos humanos a estos presos políticos y cómo entre muchos sufrimientos tienen que dormir con papeles entre los oídos para evitar se les introduzcan cucarachas y chiripas. Señaló algo importante, el Sebin está adscrito a la vicepresidencia, y el responsable final es quien ejerce la primera magistratura. Todos estos casos pasan a engrosar la lista que está siendo acumulada ante la Corte Penal Internacional. Son demasiados los casos de tortura denunciados. Las extorsiones que se cometieron contra los familiares de muchos estudiantes que durante las protestas fueron capturados. La persecución que existe contra los defensores de derechos humanos. Por cierto, también se acaba de anunciar que por los atropellos a quienes velan por los derechos fundamentales nos incluyeron en esta lista negra de la ONU. También la OEA abrió sus puertas para que se denuncien los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela. Y es la primera vez que esto sucede contra algún gobierno en la región. Por lo mismo el parlamento Europeo pide sanciones contra los violadores de los derechos humanos y sus corresponsables por acción o por omisión.
Otro caso similar al de los policías es el de los siete profesores universitarios presos de conciencia. Del diputado Gilber Caro, de los más de 20 alcaldes enjuiciados, algunos detenidos como Alfredo Ramos, Delson Guarate y Antonio Ledezma y otros líderes opositores de primera línea como Leopoldo López y John Goicoechea, quienes también tendrían que estar liberados. Según el Foro Penal hay 566 presos políticos y más de la mitad de los 726 juzgados por tribunales militares están presos. Las condiciones de los detenidos son tan perversas que en los últimos días murió el concejal Carlos García a quien no se prestó atención médica oportuna. El gobierno ni siquiera respeta la institucionalidad militar, y sigue muy mal de salud el general preso Ángel Vivas, y es digno de estudio el calvario por el que ha pasado el también general Raúl Baduel. Al alcalde del municipio Campo Elías en Mérida le detuvieron al hijo, para chantajearlo. El joven Lorent Saleh lleva tres años tras las rejas y hasta ahora no hay ninguna audiencia. En el último semestre han detenido a más de 5.300 personas de manera arbitraria. Y gente como Roberto Picón por el solo hecho de ser asesor electoral de la “alternativa democrática” tiene más de 90 días preso, junto a otros tan inocentes como Jorge Castro, quien solo por tuitear y con también orden de excarcelación sigue tras los barrotes.
Todo esto ha llevado a que Venezuela en la 72º Asamblea General de las Naciones Unidas aparezca como uno de los pocos países citados por varios jefes de estado de manera muy negativa. El ojo del huracán y de la Corte Penal Internacional están sobre un gobierno que se derrumba y en sus estertores arremete con patadas de ahogado contra toda disidencia.
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