Es por estos tiempos que prevalece la costumbre de no dar explicación alguna de nuestros actos, imitando la conducta de quienes nos gobiernan y aspiran a gobernarnos. Día tras días, ocurren numerosos eventos que no encuentran responsable alguno y si se trata del Estado, con mayor y prepotente razón calla, desde el semáforo de una esquina que repara inútilmente – entreteniéndose – por varias ocasiones, para darle una insólita continuidad al caos, hasta la detención de un disidente que, en el mejor de los casos, le postergan las audiencias.
Puede ocurrirle cualquier cosa al ciudadano común o intensificarse el patrullaje policial, evidentemente con fines de control político, pues, no disminuye la delincuencia común, o cualesquiera otros operativos que nos sorprendan, y quedamos a la merced de las adivinanzas. No hay periodistas que, en una libérrima rueda de prensa, pueda preguntarle al señor ministro y, menos, a sus jerarcas superiores, sobre tal o cual decisión, evento o situación, dejando las conjeturas al aire, con resignada espera por otros hechos que las multipliquen ad infinitum.
Puede ostentarse cualquier responsabilidad pública, pero el concejal o el diputado no deben preguntar nada al alcalde o al presidente de la corporación legislativa, pues, tampoco éstos sienten la obligación de dar respuestas, como no las da el propio presidente de la República. No es otro el aprendizaje de casi dos décadas, porque no hay libertad de prensa ni de medios para indagar y publicar la más elemental vicisitud, ni tenemos el riesgo de una interpelación parlamentaria que se traduzca en un elevado costo político.
Érase el deber de dar una explicación, por mayo de 1948, pues, al culminar la sesión, por lo demás, nocturna de la Cámara de Diputados, agentes de seguridad lanzaron sendos artefactos lacrimógenos a un grupo de parlamentarios de la oposición. La prensa de la época (que la había, aunque a todo riesgo), reseña al gobernador López Gallegos, del Distrito Federal, respondiéndole al diputado Rafael Caldera, uno de los agredidos.
Bastará con revisar la prensa de los años ’60 del ‘XX para constatar, por ejemplo, que el temido “ministro-policía”, Carlos Andrés Pérez, concurría al Congreso para contestarle, incluso, al senador o diputado que lo sabía comprometido con la subversión. Algo que iba más allá de la democracia formal tan frecuentemente denunciada, hubo interpelaciones y otros actos de comparecencia inevitables en el foro parlamentario e, incluso, en el estrado judicial: en todo caso, a la entrada o a la salida, estaba el reportero atento, especializado en la fuente, como otros de sus colegas cubrían a la misma hora un incidente automotor, un malentendido deportivo, una emergencia hospitalaria o un súbito aumento en el mercado municipal de víveres.
La dictadura no está para satisfacer la inquietud siquiera de sus más cercanos y expresos seguidores, pero algo debía responder, como lo hizo, cuando se produjo el gigantesco incendio de la refinería de Amuay en febrero de 1950. Todavía hay quienes esperan alguna palabra ante la tragedia de Amuay, de mediados de 2012, ya olvidada – a pesar de su gravedad – por la sucesión de otros acontecimientos similares que desembocan también en una crisis humanitaria resuelta por una huera consigna: guerra económica.
Lo hizo por pudor en 1950, como personalmente Pedro Estrada se veía forzado a declararle a los periódicos, por censurados que estuviesen, en el transcurso de la década. Habituado a la evasión que facilita el uso intensivo del Twitter, raras veces Nicolás Maduro trata de justificar decisiones que sólo las decreta y festeja entre los suyos, con la debida televisación: los integrantes de la Asamblea Nacional ya olvidaron que, meses atrás, fueron secuestrados y agredidos, durante cinco o seis horas, sin que hubiese un gobernador López Gallegos que se apersonara para responderles, pues, Maduro, en un acto marcial, sólo dijo extrañarse. Entonces, al deber de dar explicaciones, se une otro quizá más importante: pedirlas. “Conti mil veces más”, cuando hoy el problema es un CNE al que debe exigírsele y un CNE que debe dar la respuesta que se le pide, porque la tal constituyente ,,, nada que ver.
@SosolaGuido