Por crímenes de lesa humanidad se entienden, a juicio del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), aquellos actos inhumanos que tienen como finalidad eliminar personas, torturarlas, hacerlas sufrir a través de alguna modalidad cruenta, y que de manera sistemática afectan a una gran masa de individuos. Los casos que la Fiscal Ortega Díaz ha presentado ante la CPI invocan delitos de esta naturaleza: “asesinatos, torturas, encarcelación y ataque sistemático contra la población civil”. La Corte estudiará los fundamentos de tal acusación.
Pero existe en el país la evidencia de otro crimen que también de manera sistemática causa dolor y muerte a una masa creciente de la población civil, aunque no llene los requisitos calificativos de lesa humanidad exigidos por el Estatuto: el abandono asistencial de una poblacion que se enferma y muere por carencia de medicamentos y atención hospitalaria, ignorada por las autoridades responsables por la salud pública. Todos somos testigos de este padecimiento. Las pruebas las presentan las propias víctimas. Esta semana hemos visto a centenares de enfermos –solo en el Municipio El Callao, más de 500- desesperados, obstruyendo carreteras por no contar con tratamiento y medicamentos contra el paludismo que padecen. La desidia sanitaria ha provocado la repatriación de la malaria y la difteria. De manera dramática, una señora apureña, paciente renal, declaraba hace unos días antes de morir: “Perdí la vida, como muchos trasplantados han perdido la vida, la esperanza”. “Nos están quitando la vida si no nos dan los medicamentos”.
Para nosotros éste es un crimen contra nuestra humanidad, además premeditado: no les pagaron a los laboratorios farmacéuticos 4 millardos de dolares de deuda y permitieron que se fueran del pais, destituyeron a una ministro por revelar las cifras de la tragedia sanitaria, los médicos que denuncian son perseguidos o destituidos. Si éste no es un caso para la Corte de La Haya, esperamos que habrá de serlo para los tribunales venezolanos.