Para la organización internacional, las perspectivas de un acuerdo entre la oposición y el gobierno, en el encuentro de este viernes primero de diciembre en República Dominicana, son escasas pues implica no solo reducir el control sobre instituciones como el TSJ y el CNE por parte del gobierno, sino permitir elecciones libres con supervisión internacional, reseña Correo del Caroní.
Por María Ramírez Cabello
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A pocos días de la reunión de negociación entre oposición y gobierno en República Dominicana el viernes, 1 de diciembre, la organización internacional Crisis Group consideró que las perspectivas de acuerdo son escasas y el encuentro ofrece una “débil esperanza”, pues las partes tienen agendas diferentes.
Por un lado, analizó en su reporte N° 37, el gobierno del presidente Nicolás Maduro quiere que la oposición reconozca la Asamblea Constituyente, llame al cese de las sanciones y prometa conseguir la aprobación del parlamento para emitir más deuda; mientras que la principal demanda de la oposición son elecciones libres y justas. “La principal diferencia en esta ocasión parece ser la presencia de ministros de relaciones exteriores latinoamericanos que actuarán como ‘garantes’ de las negociaciones”, resalta.
La organización destaca que la oposición permanece dividida y solo siete de sus 24 partidos han aceptado asistir a las negociaciones, aunque esta ronda estará precedida por un proceso de consulta más amplio, que incluirá diálogos con organizaciones de la sociedad civil.
“La grave crisis económica, financiera, social y política de Venezuela no se puede resolver de forma fragmentada. El gobierno solo podrá manejar la crisis de la deuda disociando la deuda soberana de la deuda de Pdvsa para evitar el embargo de activos y llegando a un acuerdo de refinanciación con los acreedores. Pero no puede hacer esto sin al mismo tiempo hacer importantes concesiones a cambio de la aprobación de nueva deuda por parte de la Asamblea Nacional y un acuerdo para llamar al levantamiento gradual de las sanciones”, explican.
A juicio de la organización, las concesiones del gobierno tendrían que incluir ceder el control monopólico sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral y acordar celebrar elecciones libres bajo supervisión internacional.
“También tendría que producir un paquete de reformas económicas que incluya el desmantelamiento de los controles cambiarios y de precios disfuncionales y un acuerdo sobre una tasa de cambio unificada. Tal paquete probablemente solo les resultaría aceptable a los inversores si fuera anunciado por un equipo económico completamente nuevo que incorpore a expertos independientes. Cualquier acuerdo debería incluir un programa social de emergencia, financiado en parte por fondos liberados por el alivio de la deuda, e incorporar ayuda de gobiernos extranjeros y ONG”.
El acuerdo en materia económica es de suma relevancia, considerando que a partir de octubre Venezuela entró técnicamente en hiperinflación, de acuerdo con la Asamblea Nacional que prevé una inflación al cierre del 2017 superior al 1.000%. Los precios varían a diario, lo que no solo aminora el poder adquisitivo de los venezolanos sino que eleva las tensiones sociales, en un contexto paralelo de colapso en los servicios de salud y escasez estructural.
Dado que las perspectivas de un acuerdo son escasas, apunta Crisis Group, la comunidad internacional “también debe prepararse para un deterioro significativo de la crisis humanitaria, incrementando la ayuda a los países vecinos para que puedan atender las necesidades de los migrantes desposeídos, y seguir presionando al gobierno venezolano para que permita la entrega de ayuda humanitaria dentro del país”.
La preparación también supone, agregan, abordar los motivos del reiterado fracaso de las negociaciones a la hora de producir una solución. “Esto implica diseñar un procedimiento creíble y viable para las negociaciones, y aplicar suficiente presión a través de los aliados del gobierno venezolano y la oposición para inducir a ambas partes a aceptarlo”.
En crisis y cada vez más aislada
En el reciente análisis, la organización internacional hizo un recuento del abismo al que llegó el país, luego de que las agencias de calificación crediticia declararan el default parcial de la deuda externa tras el impago de $ 200 millones a los tenedores de bonos. Atribuyó la crisis a la mala gestión económica y la corrupción que redujeron las reservas de divisas de Venezuela a menos de $ 10 mil millones.
“La economía venezolana está en caída libre en medio de una dilatada crisis política que dejó docenas de muertos en las calles a mediados de este año. Se enfrenta a unas probables elecciones presidenciales en 2018. Una abierta cesación de pagos podría sumar una creciente emergencia humanitaria a esta crisis económica y política”, apuntan.
Al comparar el caso venezolano con el default de Argentina en 2001, el grupo opina que una crisis de la deuda venezolana probablemente sea aún más compleja y provoque mayores daños políticos y sociales. En primer lugar, precisa, “una restructuración ordenada de la deuda es prácticamente imposible: el gobierno no solo carece de un plan creíble de recuperación económica y financiera, sino que se enfrenta a sanciones, que exponen a quienes proporcionen nuevos préstamos al país a ser procesados penalmente. Además, es probable que el gobierno mantenga sus rígidos y económicamente dañinos controles de cambio y al acceso a dólares estadounidenses”, añaden.
La coyuntura ocurre en un contexto de caída de las importaciones de $ 45 mil millones en 2012 a menos de $ 20 mil millones este año, precisan, además de un colapso en los servicios de salud, un aumento mensual de precios que ha colocado a Venezuela en hiperinflación y un incremento de los casos de desnutrición severa.
“En 2018, el servicio de la deuda probablemente consuma alrededor de un tercio de los ingresos del petróleo, incluso si continúa la actual recuperación de los precios. Algunos economistas han sostenido que es inmoral pagar a los inversores mientras los venezolanos se mueren de desnutrición y enfermedades prevenibles. No obstante, el default -especialmente si se trata de un simple cese de los pagos, sin un acuerdo sobre restructuración o refinanciamiento- podría dejar al país aún menos capaz de pagar sus cuentas”, explican.
Crisis Group resalta que, políticamente, Venezuela está cada vez más aislada, por lo que las elecciones presidenciales previstas para el 2018 aumentan la inestabilidad.
Si bien las elecciones de gobernadores significaron un revés político para la oposición y la dejaron “severamente debilitada y dividida”, la organización apunta que “el gobierno también es vulnerable a las divisiones, que podrían verse agravadas aún más en caso de un default y las probables presiones para desmantelar el sistema de controles cambiarios”.
De allí que la organización considere necesario que el gobierno restaure los poderes a la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, y procure que apruebe un paquete de reestructuración. “Pero esto debe formar parte de una negociación política integral, con supervisión internacional, que incluya un acuerdo sobre el nombramiento de un Tribunal Supremo y un Consejo Electoral autónomos, así como garantías de unas elecciones presidenciales libres y justas”, reitera.