A comienzos del 2017 se registraron varias protestas en todo el territorio nacional, los venezolanos salían a las calles a protestas por falta de agua, gas, seguridad y también por la escasez que se fue agravando al pasar de los meses.
Verónica Carballo / La Patilla
Sin embargo fue en el mes de abril cuando las protestas tomaron otro rumbo; las funciones de una Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos, 112 diputados opositores al gobierno de Nicolás Maduro, fueron usurpadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a través de una sentencia.
Acto seguido, el parlamento, presidido por Julio Borges rechazó dicha medida, éste fue el inicio de concentraciones y marchas hacia los Poderes Públicos como Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Consejo Nacional Electoral, entre otros, a los cuales se les impedía llegar y los manifestantes eran reprimidos en las calles de Caracas.
Pronto las protestas llegaron al interior del país, cientos de manifestantes se concentraban en las principales ciudades, donde también eran reprimidos por fuerzas de “orden público” con bombas lacrimógenas y perdigones, de los cuales se hacía uso desmedido.
La noche del seis de abril murió el primero de 150 manifestantes, Jairo Ortiz, un joven de apenas 19 años, quien recibió un disparo en el corazón cuando participaba en una protesta en Carrizal, estado Miranda, cuando efectivos de la Guardia Nacional disolvían el cierre de la vía por parte de manifestantes.
Durante las protestas, el uso desmedido de la fuerza por parte de organismos policiales del Estado, ocasionó la muerte de manifestantes, Juan Pablo Pernalete fue una de las víctimas, un joven de 20 años al recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho disparada por un GNB, mientras participaba en una protesta en Altamira.
Otro caso que conmocionó al país, fue el asesinato de David Vallenilla, quien fue asesinado el 21 de junio en la autopista Francisco Fajardo frente a la Base Aérea La Carlota, cuando un funcionario de la Fuerza Aérea disparó a quema ropa esferas metálicas en cartuchos plásticos contra Vallenilla.
La Mesa de la Unidad Democrática convocó a una consulta popular en medio de las protestas, un aire de esperanza para los venezolanos quienes anhelaban un cambio de Gobierno. Más de siete millones participaron en dicha consulta, en un acto de “desobediencia civil” que transcurrió en perfecto orden y está avalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo el Gobierno desestimó los resultados y procedió a un a convocar una elección para designar una Asamblea Nacional Constituyente, el cual se llevó a cabo el 30 de julio.
Fueron tres las preguntas que se realizaron en esa ocasión:
1.- ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?
2.- ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?
3.- ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?.
Conforme pasaban los días las calles de Venezuela se fueron manchando las calles de sangre, cientos de personas murieron entre abril y agosto, mes en el que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, órgano paralelo a la Asamblea Nacional.
Además de asesinatos, los “cuerpos de seguridad” del Estado han abusado de su poder, en una ocasión, una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana, arrolló a un grupo de manifestantes que se encontraban en El Rosal durante una protesta, el conductor pasó por encima de estos jóvenes sin compasión, afortunadamente ninguno de ellos murió, sin embargo un joven perdió la pierna tras ser arrollado por el vehículo de represión.
Muchos de los asesinos de los manifestantes fueron identificados, funcionarios policiales y Guardias Nacionales, sin embargo la mayoría de estos crímenes han quedado impunes tras varios meses de las protestas, tal el es caso del asesino de David Vallenilla, el sargento de la Fuerza Aérea, Arli Cleiwi Méndez Terán.
El pasado 4 de septiembre, el fiscal designado por la Constituyente cubana Tarek William Saab, informó -desde su cuenta en Twitter- que el Ministerio Público que ahora dirige había imputado a Méndez Terán por los delitos de “homicidio calificado, ejecutado con alevosía y por motivo fútil” pero no se refirió a la manipulación de los cartuchos.
Finalmente un 2017 para recordar, al menos 150 personas muertas durante cuatro meses de protestas, meses en los cuales millones de personas clamaban libertad y la salida del gobierno de Nicolás Maduro.
