Aunque todas las democracias tienen elecciones, no todas las elecciones implican democracia. Razón Pública, en alianza con El Espectador, analiza el difícil papel de la oposición venezolana el próximo año, luego de las elecciones de alcaldes.
Por Ronal F. Rodríguez en El Espectador (Colombia)
El pasado 10 de diciembre se llevó a cabo la elección de alcaldes en Venezuela. Por un lado, el oficialismo triunfó en el 91,9 por ciento de los municipios. Según el presidente Nicolás Maduro, el chavismo obtuvo más de “300 alcaldías de las 335 del país”. Por otro lado, la oposición —reunida antes en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD)— se dividió en la participación electoral y llamó a la abstención. Al final, sólo el 47,32 por ciento del censo electoral acudió a los comicios. Después de votar, el presidente Maduro dejó ver el oscuro panorama de la oposición para 2018: “partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones, no puede participar más”.
Elecciones sin democracia
En la democracia política las elecciones son un instrumento para designar y legitimar a las autoridades de un Estado. La existencia de elecciones “periódicas, competitivas y transparentes” es para muchos la principal condición para que un sistema político sea una democracia. Si bien todas las democracias tienen elecciones, no todas las elecciones implican democracia. Al contrario: muchos proyectos no democráticos participan en elecciones para justificar su ascenso al poder y tratar de legitimarse en el plano nacional e internacional. O sea que utilizan las elecciones para disfrazar su talante no democrático.
Desde la primera elección de Hugo Chávez en 1998, pocos pueblos en América Latina han asistido a más certámenes electorales que el venezolano: van 19 años de votaciones sucesivas. Pero esto no significa que Venezuela tenga una democracia robusta. Por el contrario, el sistema político venezolano pasó de ser una débil democracia representativa bipartidista a finales de la década de los noventa a un tipo de “dictadura del siglo XXI” que instrumentaliza las elecciones para mantenerse en el poder.
El espectro del fraude
Los resultados de las elecciones del 10 de diciembre son sorprendentes: ¿Cómo es posible que un gobierno responsable de la crisis política, económica y humanitaria logre movilizar sus bases para mantener el poder en la mayoría de las alcaldías? La oposición ha denunciado fraudes en las últimas elecciones, un hecho que resulta muy factible, pero, por supuesto, muy difícil de probar en un marco institucional dominado por el oficialismo.
Las investigaciones y las acciones judiciales están sujetas a la voluntad de un aparato de justicia dominado por el chavismo, que ni siquiera se ha pronunciado sobre las denuncias en la elección presidencial de 2013. En cambio, este aparato judicial suspendió a los diputados de Amazonas a la Asamblea Nacional: un claro doble rasero que favorece los intereses del oficialismo. Así, las investigaciones sobre la existencia del fraude se diluirán en el tiempo.
Resignación electoral
Pero más allá del posible fraude, ¿cuál es la fórmula de la victoria chavista? Tal vez esta pregunta podría responderse afirmando que el aparato del Estado nacional y local está al servicio de las campañas del “Gran Polo Patriótico”. Pero el gobierno ya no tiene enormes cantidades de dinero para comprar la voluntad de los votantes, y esto pareció verse claramente en el menor despliegue de recursos oficiales en las últimas elecciones, comparadas con las presidenciales de 2012, las regionales de ese mismo año o las presidenciales del 2013 y las locales que les siguieron.
Una explicación distinta del fraude y del uso masivo de dineros públicos se encontraría en la trivialización o en el cambio de sentido de las elecciones. Después de la derrota apabullante del chavismo en las votaciones para la Asamblea Nacional, en 2015, el gobierno de Maduro decidió pasar a un sistema donde las elecciones funcionaran como un catalizador de la “molestia nacional”, pero cuyos resultados no representen un peligro para mantenerse en el poder. O sea que el Gobierno vació las elecciones de su significado.
La contienda electoral logra absorber la inconformidad evidente de los ciudadanos al hacerlos pensar que la elección de su representante cambiará la realidad cotidiana —como tendría que pasar en una democracia—. Pero hoy en Venezuela, ganar las elecciones ya no es importante. El gobierno ha instrumentalizado las instituciones para relativizar la derrota. Aunque pueda ganar la oposición, siempre habrá un mecanismo para limitar, controlar o suplantar la autoridad de alcaldes, gobernadores o, incluso, del parlamento. En el pasado, el chavismo se valió del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional. Recientemente, la Asamblea Nacional Constituyente ha sido el títere político para quitarles poder a los cargos que electoralmente haya ganado la oposición.
El pasado 20 de diciembre, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente eliminó uno de los cargos más importantes del país: la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que había estado en manos de la oposición desde 2008. Saber que ya no importa ganar elecciones ha acabado por promover la abstención de los sectores opositores, que ya no ven en el camino electoral la posibilidad de transformar su realidad. A su vez, dicha abstención acaba por alimentar la posición del oficialismo, que exhibe los resultados electorales como victorias y supuestas validaciones democráticas. Ante este panorama, los venezolanos abandonan el país y el gobierno prepara el camino para unas elecciones presidenciales en las que, sin importar el resultado, la Asamblea Nacional Constituyente garantizará la permanencia del poder chavista.
Ronal F. Rodríguez es Profesor de la Universidad del Rosario y analista de Razón Pública.