Evidentemente la medida de despido de la colega Alba Cecilia Mujica por parte del canal de televisión Globovisión, es consecuencia de la opinión expresada por esta destacada profesional de la comunicación en el programa Mujeres con Todo, transmitido regularmente por esta emisora.
La colega Mujica, expresó su preocupación en relación con los sucesos ocurridos en la parroquia El Junquito el pasado 15 de enero, donde un operativo policial culminó con el saldo lamentable de nueve personas fallecidas; y la respuesta del medio ante una obligación ética fue dejarla cesante.
A los periodistas la sociedad nos ha confiado la labor de buscar la información y divulgarla. Los ciudadanos requieren que investiguemos, que denunciemos, que opinemos.
El artículo 34 de la Ley de Ejercicio del Periodismo, señala como deberes del periodista: “Ajustar su actuación a los principios de la ética profesional, al respeto y a la defensa de los derechos humanos, de la paz entre los pueblos, de la libertad de expresión al servicio de la verdad y la pluralidad de las informaciones”
No puede existir limitación a esta obligación del periodista, por tanto, cuando Globovisión despide a la colega Mujica, también incumple con un mandato previsto en la ley que rige nuestro ejercicio profesional.
El ciudadano no solo necesita la narración de hechos puros, sino que en el contenido divulgado a través de los medios, aparezca el reflejo de la opinión, pareceres o sentimientos del periodista.
El periodista es un ser humano no una máquina, por ello no puede ser objetivo, ni imparcial; en todo caso está obligado a ser equilibrado.
En la sociedad actual, el lector o usuario exige no la simple narración fría de un suceso, sino ayuda para interpretarlo y entender los hechos, esa es la labor del periodista
¿Cómo ser objetivo o imparcial frente al atropello del estado? ¿Objetivo frente a violaciones de los derechos humanos? ¿Objetivo frente a las agresiones a periodistas?
Los periodistas tenemos una responsabilidad pública porque nuestra profesión está investida del poder que da la información, como de su capacidad para promover el ejercicio de la ciudadanía.
El gobierno venezolano ha logrado establecer una política de presión sobre los medios a través de la censura y ocasionando que estos además se autocensuren, adoptando posiciones de intolerancia que en nada benefician a la obligación social en procura del bien común de la sociedad.
Los medios de comunicación tienen el derecho de adoptar una línea editorial identificada con una visión política, ideológica, religiosa o económica; eso debe respetarse y se entiende que la defiendan con pasión. Sin embargo, ello no significa que se atente contra la libertad de opinión y de pensamiento, porque no solo viola derechos universales sino que se traduce en la supresión de información y esto es sumamente grave para la Democracia.
Nadie debe exigir a los medios ni a sus dueños que asuman un bando en el conflicto político que atraviesa nuestro país, lo indiscutible es que tienen una obligación en la defensa de la Democracia y con ella sus principios y valores.
A los dueños de los medios les corresponde asumir su compromiso con la verdad, porque para los periodistas es nuestra razón de ser.
Edgar Cárdenas Palacios.
Secretario de Organización
Colegio Nacional de Periodistas Seccional Distrito Capital
@edgarcardenasp