La masacre de El Junquito ha sido un golpe mortal para los ciudadanos, pero mayor aún para el régimen que ordenó la ejecución del grupo liderado por el ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Oscar Pérez. Millares de personas en Venezuela y el mundo observaron en tiempo real, a plena luz del día, el asesinato perpetrado a siete personas que se habían rendido ante el acoso de las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo a una mujer presuntamente embarazada.
Batallones enteros, armados hasta los dientes, fueron usados para silenciar a quienes pedían un cambio en medio de la peor crisis política y humanitaria de nuestra historia. Oscar Pérez y sus compañeros, realizaron acciones llamativas desde que en Junio de 2017 saltara a la palestra pública luego de haberse apoderado de un helicóptero para desplegar, desde el cielo caraqueño, la bandera nacional con la inscripción “Articulo 350. Libertad”, el cual reza: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
En cada una de sus apariciones jamás se produjeron hechos de sangre. El impacto en la opinión pública crecía, generando dudas en unos y esperanzas en otros.
Ese lunes 15 de enero, enviaba Oscar Pérez los que serían sus últimos videos y mensajes. Narraba lo que en el Junquito ocurría. De pronto cesaron y quienes seguíamos la información, intuimos el desenlace fatal. El régimen no solo reconoció haber ordenado la operación que sesgó sus vidas, sino que posteriormente, se negó a entregar los cuerpos de la víctimas masacradas a sus familiares para darles cristiana sepultura.
Este impacto se sintió también en los cuarteles militares y policiales, donde los funcionarios comenzaron a manifestar en voz alta su desacuerdo con lo ocurrido. El propio Comandante General de la Guardia Nacional debió ser destituido y la antigua PTJ puesta en observación.
Fue entonces cuando el régimen decidió lanzar las elecciones presidenciales en este primer cuatrimestre. Era una manera de acallar la masacre y además poner freno a cualquier rebelión militar y/o policial, que según muchos analistas estaba en marcha.
Para el éxito de su maniobra de distracción, el régimen contaba con los sectores colaboracionistas de MUD, que sin importar las declaraciones del Grupo de Lima y del Secretario de la OEA, anunciaban participarían en unas elecciones presidenciales ilegales, convocada por una Asamblea Constituyente írrita.
Por mi parte, dudo que esta maniobra funcione, primero, porque el pueblo venezolano ha abierto los ojos y no se prestará de nuevo al show y farsa electoral; y segundo, porque unos comicios en abril no servirán para resolver los verdaderos problemas: el hambre, la inflación, la escasez, las enfermedades y la anarquía.
@NituPerez