Hace más de cinco años publicamos en este mismo medio una entrega con el título de EL FANTASMA DE PERTAMINA y en la cual relatábamos los hechos que en la gestión de esta, que fuera la importante empresa petrolera de Indonesia, produjeron la crisis de endeudamiento y casi colapso de la misma en 1975; llegando destacados medios como el New York Times a declarar que ese icono de la economía de Indonesia había caído prácticamente en bancarrota. En ese entonces nos motivó para hacer la referencia al caso de PERTAMINA la crisis que ya se asomaba en la industria petrolera venezolana, como consecuencia del rumbo que había tomado PDVSA al incurrir en una flagrante politización, descartando la profesionalización de su capital humana, incrementando exageradamente su nómina e incurriendo en un estilo de gestión y de estructura de negocios poco transparente y con objetivos más allá de sus fines específicos de empresa petrolera.
El panorama que presenta PDVSA y todo el sector petrolero nacional es en la actualidad más dramático, no solo por el marcado deterioro operativo y el elevado endeudamiento en que ha caído esta empresa, sino además por los escándalos de corrupción detectados en varias de las filiales y en altos ejecutivos del sector y que se han venido denunciando desde la Comisión de Contraloría de la opositora Asamblea Nacional y más recientemente por la Fiscalía General. Estas agravadas circunstancias nos mueven a retomar la referencia al caso de la crisis vivida por la empresa petrolera de Indonesia por las similitudes de las causas de la misma con las circunstancias que han provocado en nuestro sector petrolero la grave realidad en que el mismo se encuentra actualmente.
Recordemos que durante la dictadura militar del general Muhammad Suharno (1966-1998), PERTAMINA estuvo a cargo de otro castrense, el teniente general Ibnu Sutowo, quien, siguiendo la consigna del proyecto de un Nuevo Orden que impulsaba el dictador indonesio, gerenció torpemente esa empresa como institución generadora de ingresos para financiar diversos proyectos del régimen, varios de ellos vinculados a miembros de las fuerzas armadas y amigos del gobierno y del mismo Sutowo. Para el general Sutowo PERTAMINA estaba concebida como una compañía para el desarrollo nacional que debía motorizar la economía del país y financiar programas fundamentales del Nuevo Orden. Por lo que, amparado en el alza notable de los precios petroleros generada como consecuencia del conflicto árabe-israelí de 1973/74 que incrementó sustancialmente los ingresos de la empresa, la mayoría de esos recursos fueron al desarrollo de macro proyectos poco rentables y alejados de los objetivos básicos de la empresa como ente productor de hidrocarburos. Fue así como PERTAMINA se expandió hacia la diversificación y expansión, generando más de 20 subsidiarias y asociaciones en varios sectores como compañías de seguros, desarrollos turísticos, plantas televisoras, proyectos agrícolas, ferrocarriles, construcción de viviendas, y en otras actividades fuera del sector gasífero y petrolero.
Esa súbita expansión y diversificación limitó la capacidad de la empresa para impulsar sus desarrollos específicos e incrementó notablemente su plantilla de trabajadores, caracterizada por la burocracia, la incompetencia, el nepotismo y la corrupción. Además de actuar como agente financiero y caja chica del régimen, la empresa fue fuente fundamental de financiamiento de las fuerzas armadas, muchas de las contrataciones de obras y servicios y de los diferentes proyectos de expansión de PERTAMINA fueron otorgados a militares y políticos amigos, mediante procedimientos salpicados de rampante corruptela. Cabe destacar que el general Sutowo previamente había sido investigado por oscuros y dispendiosos manejos en cargos públicos que le había asignado Suharto, por lo que no era de extrañar la opacidad con la que caracterizó su gestión frente a la empresa, promoviendo directamente negocios que beneficiaban a sus amigos y testaferros.
Todo lo anterior fue causante de que PERTAMINA colapsara en 1975, con una grave crisis de endeudamiento que obligó al gobierno a un programa especial de salvamento en plena crisis financiera internacional. El daño a la empresa se profundizó con la disminución de las reservas petroleras del país, los efectos de la crisis asiática, la pérdida de muchos de sus mercados de hidrocarburos y una profunda declinación como productor y exportador de petróleo y gas, convirtiéndose en importador neto en 2004, con grave deterioro de su imagen corporativa.
PDVSA con una pesada e ineficiente nómina de más de 140 mil entre empleados y obreros solo está produciendo en la actualidad cerca de 2 millones de barriles diarios de petrolero, cuando hace menos de 2 décadas y con menos de 50 mil trabajadores su producción llegó a 3,3 millones de barriles. La empresa presenta una crítica gestión operativa con 18 mil pozos cerrados y solo 39 taladros activos, notables fallas de mantenimiento en sus refinerías que están obligando a la importación de gasolina y componentes a precios internacionales para cubrir la subsidiada demanda interna. Además la empresa debe enfrentar un gigantesco endeudamiento, con compromisos difíciles de cumplir, y con graves escándalos de corrupción que involucran a más de 60 de sus altos ejecutivos, incluyendo 3 ex presidentes y ex ministros del sector, por lo que, ahora con más razón, no es exagerado afirmar que PDVSA está en la ruta de PERTAMINA. Pero el colapso no se evita con simples auditorías a destiempo, ni recurriendo a los maniáticos señalamientos de sabotajes. Se impone rescatar a PDVSA mediante un enfoque corporativo con criterios de eficiencia productiva y retomando su legítima misión y visión como empresa de hidrocarburos, deslastrada del populismo y de complejos estatistas y chauvinistas. Por cierta, frente al caos y la opacidad administrativa y financiera que ha privado en esta, las más importante empresa del Estado venezolano, es lógico preguntarse qué papel han cumplido en las casi dos décadas de la PDVSA socialista la Contraloría General de la Republica y la empresa auditora externa del consorcio.
José Ignacio Moreno León
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Director General del CELAUP
Universidad Metropolitana
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