Es evidente, público, notorio y comunicacional el ventajismo que el régimen totalitario de Nicolás Maduro mantiene sobre los partidos políticos venezolanos. Por consiguiente, se hace imposible participar, democráticamente, en semejante bufonada electoral.
Creo que ante la gravedad de la crisis humanitaria venezolana, resulta urgente atender la emergencia alimentaria, médico sanitaria y de seguridad individual, que estarse en estériles discusiones para disputar unas amañadas elecciones. Eso pareciera de tontos útiles.
Por otra parte, desde hace ya unos cuantos años existe una notoria, clara, anunciada y denunciada presencia de militares extranjeros, como asesores de todo tipo, en las instituciones del Estado. En su momento, el ex presidente Hugo Chávez indicó que eran cerca de 40 mil “hermanos internacionalistas” que venían a ayudar a la revolución socialista. Entre estos “asesores” hay cubanos, sirios, iraníes, bolivianos, rusos, nicaragüenses. Son miembros “élite” de organismos militares, de inteligencia y contrainteligencia, diseminados a lo largo del territorio nacional. Ya en varias oportunidades han sido denunciados ante agencias de defensa de Derechos Humanos, por atentar contra la vida y bienes de la población civil. Ejemplo de ello sucedió en 2017, cuando residentes del urbanismo Sucre, en Barquisimeto, alertaron sobre “uniformados de Guardias Nacionales hablando con acento no venezolano” mientras los reprimían y saqueaban sus apartamentos.
Ante semejante atropello a la ciudadanía ya no es posible pedir a los venezolanos que, ni salgan a votar y menos a expulsar a los militares extranjeros que tienen invadido el territorio venezolano. El control social es absoluto. Tanto por mantener una población civil totalmente desarmada como también, controlada al suministrarle lo mínimo indispensable en alimentación y medicinas para sobrevivir. Esto se traduce, como es público y notorio, en debilidad física para contrarrestar la arremetida de un Estado marcadamente transgresor de las leyes, violento y torturador.
Frente a este dantesco drama de la sociedad venezolana, se hace urgente lo siguiente.
1. Permitir la “injerencia humanitaria” de fuerzas especiales de países democráticos, conjuntamente con agencias y grupos especializados venezolanos, para frenar la hambruna que se está generalizando en todo el territorio nacional.
2. Permitir la injerencia humanitaria de agencias de socorro internacionales, que establezcan conjuntamente con universidades venezolanas, la atención de la emergencia médica.
3. Permitir la injerencia de fuerzas militares que enfrenten a los invasores y grupos paramilitares y de megabandas delincuenciales.
4. Todo sujeto, civil o militar, que se encuentre bajo sospecha de haber perpetrado violaciones contra los derechos humanos (por detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas o asesinatos, por ocultar, impedir la distribución equitativa de alimentos y medicinas) serán juzgados por tribunales internacionales establecidos especialmente para ello, orientados por la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma.
5. Acelerar la presión internacional para establecer una Junta de transición que permita elegir un gobierno democrático.
6. El nuevo Tribunal Supremo de Justicia deberá sancionar una ley especial, aprobada también por la Asamblea Nacional, que sentencie a cadenas perpetuas y trabajos forzados, a quienes hayan incurrido e incurran en actos de corrupción y demás hechos abominables contra los bienes públicos y la sociedad civil.
Parte de estos puntos han sido aplicados en tiempo pasado en otros países. Singapur logró alcanzar su prosperidad porque estableció la pena de muerte, cadena perpetua y trabajos forzados contra los funcionarios corruptos. Igual China y Malasia. Otros países, como Australia y algunos europeos, usaron la fuerza bruta de criminales y delincuentes, poniéndolos a trabajar, mientras les garantizaban sus derechos humanos.
En Venezuela tenemos una población cercana a los 100.000 presos en cárceles y centros de detención. Si a ello agregamos los funcionarios corruptos, familiares y amigos, quienes se están beneficiando de actos claramente tipificados como delitos, esta población aumentaría a por lo menos 500.000 delincuentes. Una fuerza bruta que se usaría para acelerar el progreso de los ciudadanos decentes. Es una mano de obra barata y de fácil acceso para orientarla en trabajos rudos y riesgosos.
La crisis venezolana ya afecta a otros países limítrofes. Se está agudizando en otros estados del subcontinente, como Colombia, Chile, Perú y Argentina. Además, geoestratégicamente la “mancha verde” islámica, asociada tácticamente con el comunismo castrista y chino y el neomonarquismo ruso, tienen su cabeza de playa en Venezuela para proseguir hacia el sur.
Lo que está ocurriendo hoy en Venezuela será, muy posiblemente, el amanecer de la libertad o el oscurantismo en otras naciones del continente.
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