A continuación, los aspectos más resaltantes del proceso judicial que se le lleva al coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, acusado sin pruebas de incendio y daños a edificio público, en carácter de determinación; instigación a delinquir, y asociación para delinquir.
Estos cargos impuestos lo mantienen bajo la condición de arresto domiciliario por 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas.
Sin embargo, la justicia ha hecho de este caso una “cayapa política” y que a continuación detallamos:
-Durante el año 2013 y primeros meses de 2014 Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular fue incansablemente amenazado por Nicolás Maduro y funcionarios del Estado de encarcelamiento. Previamente fue objeto de 22 ataques, procedimientos judiciales y administrativos, así como atentados, destacando la inhabilitación política que fue dictamen favorable de la Corte IDH, el régimen mantuvo y que ya expiró.
-El 23 de enero de 2014 López convoca la propuesta La Salida junto a otros liderazgos de oposición como el hoy exiliado alcalde Antonio Ledezma, movimiento de Asambleas Populares de calle que procuraban integrar a los venezolanos a la búsqueda de soluciones a la crisis profunda que vivía y sigue padeciendo Venezuela.
-El 12 de febrero de 2014, tras apoyar la multitudinaria manifestación del día de la juventud, a López se le acusa públicamente de ser responsable de los hechos ocurridos en las adyacencias del Ministerio Público. Las acusaciones las hacen el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez, La Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, el entonces Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, y Nicolás Maduro, entre otros altos funcionarios. Esa noche Leopoldo se va a la clandestinidad luego de cumplir su última entrevista pública en libertad con el programa Conclusiones de la cadena internacional CNN En Español. Esa noche se confirma orden de captura emitida en su contra por los delitos de Asociación, instigación a delinquir, intimidación pública, incendio a edificio público, daños a la propiedad pública, lesiones graves y homicidio intencional calificado ejecutado por motivos fútiles e innobles. Posteriormente, al difundirse imágenes de funcionarios del SEBIN disparando contra la manifestación, el Ministerio Público solo dejó los 4 primeros cargos, desechando las lesiones y el homicidio intencional calificado.
-Desde la clandestinidad, el 17 de febrero convoca a los venezolanos a que lo acompañen a la Plaza José Martí, desde donde marcharía hasta el Ministerio de Interior y Justicia para dar la cara y exigir la investigación de los hechos de violencia de los días previos, donde funcionarios del mismo Estado venezolanos fueron sindicados de ser los perpetradores.
-El 18 de febrero López cumple su palabra y da la cara. Es apresado por funcionarios de la GNB y trasladado al Palacio de Justicia luego de que cientos de miles de venezolanos cerraran Caracas para evitar su detención. De allí es trasladado irregularmente a la prisión militar de Ramo Verde y su audiencia de presentación es realizada esa madrugada también de manera irregular dentro de la cárcel, en un autobús del Sistema de Justicia Venezolano, donde se le confirma ilegalmente dicha cárcel militar, no una civil, como centro de reclusión definitivo.
-El 23 de julio inicia un juicio político, viciado y amañado en su contra. A la Fiscalía se le permiten más de 100 testigos, expertos y peritos en contra de López, mientras que a la defensa no se le admite ningún testigo ni elementos probatorios de su inocencia. El juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros se ejecuta durante 1 años y 2 meses, en privado y sin acceso de la prensa libre ni veedores internacionales. Pese a que, hasta los mismos testigos y expertos promovidos por la Fiscalía, como la testigo estrella del Estado, la lingüista Rosa Amelia Asuaje dicen que López no cometió delito alguno con su discurso y su convocatoria, que deben considerarse como herramientas absolutamente democráticas, López es condenado el 10 de septiembre de 2015 a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de infame prisión en Ramo Verde. De esta manera se confirma la denuncia que hicieron López, su esposa Lilian Tintori, su partido Voluntad Popular y su defensa durante todo el proceso: se trata de un juicio político ordenado desde las más altas esferas del poder para “neutralizar” el liderazgo de Leopoldo.
-El 23 de octubre de 2015 el fiscal principal del caso, Franklin Nieves, a través de una entrevista difundida por la cadena CNN En Español confiesa que todo el proceso contra Leopoldo López fue un montaje ordenado por Altos Funcionarios del estado venezolano con conocimiento de la Fiscal General y que la sentencia desde el día 1 del proceso estaba definida y escrita.
-El 10 de diciembre, la jueza que condenó a Leopoldo López, Susana Barreiros, es designada Directora de la Defensa Pública Nacional por la mayoría oficialista de la saliente Asamblea Nacional.
-El 22 de julio de 2016 inicia el juicio de apelación de Leopoldo López (8 meses después de que la defensa introdujera la solicitud formal).
-El 12 de agosto de 2016 es ratificada la condena a casi 14 años de prisión por la Sala 1 de la Corte de Apelaciones, manteniendo el internado judicial de Ramo Verde como centro de reclusión.
-El 16 de febrero de 2017 la Sala Penal del Tribunal Supremo de justicia, a cargo del Magistrado Maikel Moreno, ratifica la sentencia con López. Meses después la dictadura ordena de manera unilateral a través del TSJ una medida de arresto domiciliario, que tras un breve regreso a Ramo Verde, se establece con el añadido de la prohibición judicial a López de expresarse por cualquier medio convencional y no convencional.
-1 año después, el 15 de febrero de 2018, la Fiscal General de la República (ahora en situación de exilio), Luisa Ortega Díaz, afirma durante una entrevista radial desde Colombia que recibió presiones de Diosdado Cabello para incriminar a López en los asesinatos de Bassil Da Costa y Juan Montoya, acaecidos el 12 de febrero de 2014, así como para inculparle en hechos de violencia y terrorismo, sobre los cuales se carecía de evidencias.