La legitimidad en un sistema político representa el fundamento del orden social y la piedra angular del equilibrio. En términos concretos, este componente muestra el grado de disposición que tienen los ciudadanos a manifestar un comportamiento positivo hacia el régimen político, y sus instituciones, como elementos centrales que deben ser considerados merecedores de apoyo y de respeto, por haber obtenido un respaldo popular y representar la voluntad general; como también, se transforma en una respuesta natural de las sociedades, siempre que las instituciones del Estado demuestren capacidad tanto para identificar necesidades, como también para satisfacerlas.
A partir de lo cual se piensa que, el grado de persistencia estable de un régimen político, en la mayoría de los casos, se hará depender de los niveles de legitimidad que éste pueda llegar a obtener. O lo que es igual a decir, la probabilidad de quiebre de una estructura de gobierno, se encontrará directamente agnada a la pérdida de la legitimidad.
De acuerdo a numerosas experiencias históricas, esta disposición positiva (o negativa) de los ciudadanos a ofrecer su apoyo (o rechazo) al régimen político, o a reconocer (o desconocer) su autoridad como legítima, tenderá a ser potenciada (o suprimida) desde dos dimensiones. Esto es, desde una dimensión que hurga en las condiciones de la cultura política, referidos a los niveles de confianza (o desconfianza) en las estructuras institucionales y hacia los cuerpos de autoridad; hasta la dimensión que se refiere a las características del régimen político propiamente, conforme a las cuales los ciudadanos califican (o descalifican) el proceso de toma de decisiones y la capacidad para procesar las demandas sociales; al final del día, será esta última dimensión la que terminará convirtiéndose en determinante, porque la brecha entre la percepción de las necesidades existentes y la satisfacción de esas mismas necesidades, (si es alta) será motivo suficiente para propiciar condiciones para el desarrollo de procesos inestables, de retiro del apoyo ciudadano e institucional a los gobiernos, así como del potencial incremento en los niveles de conflictividad social, los cuales finalmente pueden desembocar en algún tipo de crisis de gobernabilidad.
Precisamente, las condiciones del entorno político interno y externo al Gobierno de Nicolás Maduro, pueden servir como un buen ejemplo del nivel de rechazo generalizado, propiciado por la pérdida de legitimidad con la cual un régimen político alguno difícilmente puede lidiar y persistir en un lapso de tiempo prolongado.Las precarias condiciones económicas, el desconocimiento internacional, y la inestabilidad social se conjugan en un entorno complejo, donde los índices de riesgo político son cada vez más altos para este actor político y sus fieles.
Por un lado, nos encontramos frente a un sistema económico envuelto en el caos, donde el poder adquisitivo de los ciudadanos se reduce a diario, y el hambre se incrementa a un ritmo acelerado. El comportamiento irregular de nuestra economía nos posiciona entre las de peor proyección para este año, con los índices de inflación y pobreza más altos, como una consecuencia directa de las malas decisiones derivadas de los esquemas de pensamiento de un modelo ideológico fracasado, el cual durante décadas ha condenado a los pueblos al sufrimiento y a la desesperanza. Y justamente han sido esas precarias condiciones económicas el principal factor del éxodo masivo, que hoy padece nuestra República, el cual es tendencia en la opinión pública internacional, y que ya se maneja en los términos de crisis migratoria.
En este sentido, el descontento social deberá ser un tema relevante a considerar. En la opinión pública general Nicolás Maduro sigue liderando los guarismos entre los actores políticos con las peores puntuaciones, además siendo señalado como el principal responsable de la crisis por la cual atraviesa el país. La percepción de la capacidad de respuesta estructural del Estado, para resolver los principales problemas que aquejan a los ciudadanos cada vez es peor calificada. Esto quiere decir que el nivel de satisfacción de las necesidades en la sociedad venezolana es muy bajo, y ello se expresa como resultado de la inexistente eficacia decisoria, que no atiende la causa de las dificultades, sino que, por el contrario, recurre a la práctica de la inmediatez, a través de la aplicación de medidas improvisadas, sin planificación previa y con un impacto negativo en cuanto a las posibilidades de lograr una recuperación financiera.
En este marco, hasta el momento, el único piso institucional con el cual todavía cuenta el régimen es el sector militar. La clase política gobernante ha optado por desafiar los controles civiles que afirman la fortaleza institucional de un Estado democrático. En su lugar, han asumido el camino del riesgo y la incertidumbre, por medio del ejercicio deliberado de la coacción y la persecución hacia cualquier manifestación de disidencia política, pretendiendo cohonestar la realidad a través de un control hegemónico de los medios de comunicación, con una campaña de intimidación que ha saltado todas las barreras legales. Al parecer, la pleonexia de Nicolás Maduro y sus más destacados partisanos ha obnubilado cualquier posibilidad de una transición pacífica. Sin embargo, la respuesta de la comunidad internacional ha sido coherente y bastante positiva. Numerosos mandatarios de la región y del mundo han manifestado su solidaridad con el pueblo venezolano, declarando lo dispuestos que ellos y sus gobiernos están a brindar apoyo ante las precarias condiciones por las cuales atraviesa el país y sus ciudadanos.
El Gobierno de Nicolás Maduro debe hacer un profundo ejercicio de reflexión política. Las condiciones actuales del sistema político venezolano deben servir para hacer una lectura acerca de la actitud de desconfianza genérica que sienten los ciudadanos hacia el régimen político, la cual, lamentablemente, se encuentra presidiendo a la fuerza. Esto significa que deberá considerar que ello muy probablemente pueda expresarse en una dinámica social verdaderamente frágil. Y la posibilidad de que su gobierno acuda sólo a una contienda electoral, ante la falta de condiciones libres y justas, es decir, de una elección no competitiva, sólo puede forzar escenarios de mayor confrontación e inestabilidad.