La muerte, que zarandea a nuestro país presentando a cada rato ultimátums a niños, ancianos, jóvenes, presos políticos, enfermos renales, enfermos de cáncer, entre tantos que sucumben a diario ante peligros inminentes, que por lo cotidiano se han tornado en extremo preocupantes, también se ensaña contra recursos naturales, como efecto de la inacción maliciosa de las autoridades y personeros gubernamentales que han hecho de la desgracia ajena un gran negocio.
Desde los predios de María Lionza, nos llega un llamado de auxilio, “Salvemos la cuenca del río Yaracuy”, ya que “La extracción de arena de forma indiscriminada e irracional, está asesinando al Río Yaracuy y sus tributarios, con todas las consecuencias que ello conlleva. Todo ello se hace con la complicidad de las autoridades regionales y los ARENOFOGONOS”. Hechos que además de efectos nocivos sobre el medio ambiente de la región y afectación de la biodiversidad, también tienen implicaciones del todo trágicas para productores agrícolas o pobladores de las zonas aledañas a la cuenca del Río Yaracuy, quienes se han visto amenazados de muerte y en riesgo de perder sus propiedades a manos de “guapos y apoyados” por organismos de seguridad y orden público llamados a garantizar su derechos fundamentales.
En relación a esta problemática existe gran cantidad de denuncias en las oficinas regionales del Ministerio del Ambiente, en la Fiscalía con competencia ambiental, en los Tribunales Agrarios, en la Guardia Nacional, por sólo citar algunos de los organismos competentes, de los cuales ninguno toma acciones. En una actuación de fecha 21/12/2017, dirigida al Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Dr. Cruz León, suscrita por el ciudadano Gustavo Villegas, militar retirado y abogado, se lee textualmente: “Desde el 29 de Diciembre de 2012, hasta la fecha, mi esposa y quien suscribe hemos denunciado, con suficientes elementos de convicción al ciudadano ALFONSO RICARDO PEÑA LAFAURIE, ante esta representación fiscal, sin obtener la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, por hurto y daños a nuestra propiedad, hostigamiento y amenazas a mi familia (donde hay niñas y personas de la tercera edad). Todo ello ha producido daños Psicológicos, Morales y Materiales a mi persona y mi grupo familiar. En virtud de ello, y por inacción de los organismos competentes a los cuales he acudido, la última acción delictuosa del denunciado, ha sido meterse por la fuerza a mi propiedad para tratar de adueñarse de ella”.
Víctimas como Gustavo Villegas y su señora esposa se sienten maltratadas por el sistema de administración de justicia, burlados por sus representantes en el parlamento nacional; en el año 2012, denunciaron en la Fiscalía Sexta del Estado Yaracuy esos ilícitos ambientales, Exp: 22DDFG-00365-2012, y debido a la inacción, en el año 2013, solicitaron una Medida de Protección Ambiental para el Río Yaracuy, Exp: AA60-S-2013-001202, la cual se encuentra en el TSJ durmiendo el sueño eterno. Además en el año 2014, Gustavo Villegas ejerció “un derecho de palabra en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional (roja-rojita), y en el año 2016, lo ejercí en la misma comisión (con la oposición), y lo de siempre, nadie actúa”.
Como en tantos otros casos, denunciados y sometidos a consideración de la Dama Ciega, ahora en Venezuela también Muda, Sorda y Alcahueta, concernientes a vulneraciones de derechos humanos y de posibles delitos contra el medio ambiente tiene la consecuencia directa de dejar a las víctimas sin la posibilidad de obtener justicia, sin la perspectiva de un remedio judicial efectivo, al contrario, la tendencia en el caso concreto del Río Yaracuy es a tener a los defensores de la cuenca de este afluente como infractores de la Ley.
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