La acusación y encarcelamiento de la ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla por presuntos actos de corrupción supone un avance de la justicia del país, donde para muchos los tribunales no han sido para los corruptos de cuello blanco, sino para los pobres.
Bonilla y su cuñado Mauricio Mora fueron capturados el 28 de febrero pasado en Tegucigalpa y enviados a prisión por una jueza, en un hecho sin precedentes en la Justicia hondureña.
Por primera vez una ex primera dama ha sido acusada y encarcelada, entre el asombro de muchos porque nunca antes la esposa de un expresidente había sido alcanzada por el brazo de la justicia.
Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), y otros ex funcionarios fueron acusados de “malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita”.
Según la denuncia, los acusados se habrían apoderado “de más de 16 millones de lempiras (674.536 dólares) y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado destinado a obras sociales”.
A la ex primera dama se le ha sobreseído por el delito de asociación ilícita.
Un tercer implicado en el escándalo, denominado “Caja chica de la dama”, el ex secretario privado de Rosa Elena Bonilla, Saúl Fernando Escobar, se entregó el viernes a las autoridades en Tegucigalpa y el sábado, luego de una audiencia inicial en un juzgado, se le dictó prisión preventiva y fue enviado a la Penitenciaría Nacional.
Escobar enfrenta acusación por los presuntos delitos de “lavado de activos y asociación y confabulación para lavado de dinero”.
Las denuncias de corrupción contra otras ex primeras damas y sus esposos cuando estuvieron en el poder no son nuevas en Honduras, pero casos como el de Rosa Elena Bonilla es el primero que llega hasta los tribunales y se le dicta prisión preventiva.
El expresidente Rafael Callejas (1990-1994) fue acusado durante el Gobierno que presidió Carlos Roberto Reina (1994-1998) por al menos ocho presuntos actos de corrupción, de los que incluso uno salpicó a su esposa, Norma Regina Gaborit, quien nunca fue acusada.
Callejas está actualmente en Estados Unidos bajo libertad condicionada y a la espera de sentencia por el caso conocido como el “Fifa gate”.
En el caso de Bonilla, fue capturada después de una investigación de más de cuatro meses, en una operación coordinada entre el Ministerio Público y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La jefa interina de la Maccih, Ana María Calderón, indicó el mismo día de la captura de Bonilla, que con el caso la “Caja chica de la dama” se puso en marcha por primera vez el modelo anticorrupción hondureño diseñado como parte de un convenio suscrito entre la OEA y el Gobierno de Honduras.
Según la Maccih, para el cumplimiento de sus funciones, Bonilla tenía una cuenta denominada Casa Presidencial/Despacho de la Primera Dama en un banco local, en la que tuvo ingresos hasta de 94,6 millones de lempiras (3,9 millones de dólares) provenientes de diferentes fuentes, entre ellas la Embajada de Taiwán en Honduras.
Esos fondos debieron utilizarse en proyectos sociales entre el 2011 y 2014.
La Maccih señaló que el 22 de enero de 2014, faltando cinco días para que su esposo dejara el poder, Bonilla abrió una cuenta a su nombre en el mismo banco y ese mismo día depositó la cantidad de 12 millones de lempiras (unos 505.902 dólares) a través de un cheque proveniente de la cuenta oficial.
El caso de la ex primera dama también ha fortalecido a la Maccih, que se instaló en abril de 2016 en Tegucigalpa, entre las esperanzas de muchos hondureños para que se comience a castigar a los corruptos y cese la impunidad, y el rechazo de otros, entre ellos algunos que podrían estar siendo investigados por corrupción.
Para algunos analistas, la Justicia hondureña busca demostrar que ya no “es una víbora que solo muerde a los descalzos”, como dijo en una ocasión el exembajador de Estados Unidos en Tegucigalpa Cresencio Arcos.
EFE