El régimen de Nicolás Maduro busca desesperadamente divisas para sobrevivir las demandas judiciales por el incumplimiento de pago de la deuda externa este año. En el mercado de capitales es casi imposible la obtención de dólares. La semana pasada, la agencia Moody’s bajó la calificación de crédito de Venezuela, a “C” -la clasificación en “bono basura” más baja- desde “Caa3”. Además, prevé que Maduro (Venezuela) siga incumpliendo los pagos de sus obligaciones.
Las sanciones financieras impuestas por la Administración Trump hace seis meses, agosto 2017, han privado al régimen ilegítimo de Maduro de una fuente fundamental de financiamiento en moneda estadunidense, y han protegido el sistema financiero de Estados Unidos de ser cómplices en el blanqueo de capitales del régimen.
Por ello, Maduro busca formas para evadir las medidas adoptadas por Trump, como hizo el régimen de los ayatolás en 2012, cuando la Unión Europea y los Estados Unidos impusieron el embargo petrolero y financiero por su programa nuclear –según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el monto congelado en activos a Irán era 100 mil millones de dólares.
Una de las formas es la reciente demanda introducida por un fondo fiduciario, PDVSA US Litigation Trust, creado por el bufete de abogados Boies Schiller Flexner LL,P -defendió a los sobrinos de Cilia Flores en el caso de narcotráfico-, y la estatal petrolera PDVSA para recuperar al menos 10 mil millones de dólares por presuntos delitos de corrupción en PDVSA durante 14 años.
Davis Boies, presidente de la firma de abogados, declaró a REDD LATAM que PDVSA es el beneficiario del fidecomiso y que el fideicomiso recogerá el dinero de la demanda y lo mantendrá en custodia para ser entregado a PDVSA.
El objeto de haber utilizado la figura del fidecomiso, para recuperar los dólares de la corrupción durante la administración de Chávez, fue proteger los fondos de las acciones legales que puedan surgir contra PDVSA en los Estados Unidos por los tenedores de bonos soberanos y de PDVSA, porque los activos de un fondo fiduciario no pueden ser perseguidos legalmente por los acreedores del fideicomitente, que en este caso es PDVSA.
Otra acción en este sentido es la solicitud del grupo global de energía y materias primas suizo, Mercuria, al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para comprar el colateral, 49,9% de las acciones de Citgo, que PDVSA otorgó a Rosneft por el préstamo de 1.500 millones de dólares en noviembre 2016, para satisfacer los acreedores internacionales.
Una operación que liberaría a Rosneft de la ejecución del colateral de Citgo, en la eventualidad de que PDVSA haga default, o se declare en bancarrota, porque la gigante petrolera rusa está sancionada por los Estados Unidos desde 2014, por la adhesión de Crimea a la Federación de Rusia.
Adicionalmente, Mercuria ha venido suministrando crudos en condiciones financieras preferenciales a las refinerías de Citgo ante la caída de los envíos de PDVSA, y la dificultad para obtener créditos a largo plazo después de las sanciones financieras estadounidense.
La operación de Mercuria permitiría a Rosneft otorgarle un nuevo préstamo a PDVSA por un monto similar a 1,500 millones de dólares. En esta ocasión, el colateral podría incluir la participación de Rosneft en otros campos petroleros como Rosa Mediano, Tía Juana lago y Lagunillas lago y/o participación en la empresa conjunta Petropiar.
Actualmente, Rosneft es socia con PDVSA en las empresas petroleras mixtas de PetroVictoria, Petromonagas, Petromiranda, Boquerón, y PetroPerijá. En el área de servicios participa en Perforasen, y tiene una licencia para explotar los campos gasíferos costa afuera Patao, Mejillones y Rio Caribe. Un convenio gasífero que fue firmado por Igor Sechin hace tres meses en Venezuela -Sechin es uno de los oligarcas con estrechos lazos con Vladimir Putin.
Rosneft busca consolidar sus negocios en Venezuela para seguir aumentando su valor geopolítico, a la vez que aumenta sus reservas de petróleo y gas. Por lo que otorgarle la divisas que necesita urgentemente el régimen de Maduro es una oportunidad para aumentar el acceso y el control sobre las operaciones de producción de crudo de Venezuela.
Maduro busca evitar las sanciones de Trump con la empresa Mercuria y la figura del fidecomiso, PDVSA US Litigation Trust. Con la primera operación obtiene 1.500 millones de dólares en el corto plazo, entregando PDVSA a Rusia, y la segunda ingresaría 10.000 millones de dólares en el mediano plazo, que usaría para alimentar a la nueva nomenclatura madurista.
Maduro cree que puede sortear la grave crisis en Venezuela con medidas puntuales reactivas y efecto limitado. Evita el auxilio del Fondo Monetario Internacional porque impone una agenda para el rescate de Venezuela. Mientras cae en “manos de usureros” que crean miseria y se quedan con los activos del país.