Súper banda policial pedía dólares y bienes para liberar a ciudadanos detenidos arbitrariamente

Súper banda policial pedía dólares y bienes para liberar a ciudadanos detenidos arbitrariamente

polizamora

Ante los elementos de convicción colectados por el Ministerio Público, fueron privados de libertad el director, el subdirector y otros ocho funcionarios de la Policía del municipio Zamora del estado Aragua, por presuntamente incurrir en hechos de corrupción y otros actos irregulares desde noviembre de 2017.

Nota de Prensa MP





Las fiscalías 14º y 21º de la citada entidad federal imputaron a los funcionarios Helynai Rondón González (director), Gregory Guevara Pérez (subdirector), Omar Nares Borges (jefe de Operaciones) y Luis Tabares Rivas (coordinador de Desviaciones Policiales), por los delitos de peculado de uso propio, concusión, trato cruel, desvalijamiento de vehículos y uso indebido de arma orgánica.

Adicionalmente, fueron imputados por sustracción, alteración y destrucción de documentos, abuso de autoridad, prostitución forzada y asociación para delinquir.

Asimismo, a los efectivos José Jiménez Núñez, Yohan Pérez Caldera, Alejandro Romero Moreno, Miguel Morgado Ramírez, Esteban Jaspe Miro y Alex Clemente Linero le fueron precalificados los mencionados tipos penales.

Durante la audiencia de presentación, efectuada en el Tribunal 1º de Control de Aragua, tras analizar los fundamentos de convicción expuestos por los fiscales la citada instancia judicial acordó la privativa de libertad contra los 10 hombres, quienes permanecerán recluidos en el Centro de Atención al Detenido Alayón, en Maracay.

Por otra parte, el tribunal ordenó el bloqueo de cuentas bancarias de los imputados, además de la incautación preventiva de sus bienes.

El Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol) recibió múltiples denuncias por parte de víctimas de grupos comando de la policía municipal que operaban entre las poblaciones de Villa de Cura y Magdaleno.

En este sentido, se iniciaron labores de inteligencia que permiten presumir que los hoy imputados estarían relacionados con detenciones arbitrarias durante varios operativos. Los funcionarios amenazaban y agredían a las personas para que cancelaran altos montos de dinero o entregaran bienes a cambio de su liberación, y para evitar ser presentados ante los tribunales.

Del mismo modo, los efectivos también habrían ingresado en las residencias de otras víctimas, desde donde las trasladaban al comando policial. Allí permanecían detenidas hasta que pagaban sumas en dólares, bolívares u objetos de valor como vehículos.