Un juez brasileño prohibió este sábado protestar o acampar en los aledaños de la sede de la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país, donde el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzó a cumplir la pena de 12 años de prisión por corrupción, informaron fuentes oficiales.
La decisión fue tomada en horas de la noche por el juez Ernani Mendes Silva Filho tras verificar “aglomeración de personas y movimientos que pueden ocasionar transtornos a los vecinos de la región y grave lesión al orden de la seguridad”.
Cientos de simpatizantes y detractores del exmandatario, que pasará hoy su primera noche en prisión, se concentraron en los alrededores del recinto en un clima de tensión que obligó a la Policía Militarizada a establecer un cordón policial de 30 metros para separar a ambos grupos.
En este sentido, el magistrado prohibió la entrada de personas y vehículos no autorizados en las calles próximas al recinto donde Lula está en prisión para “garantizar la seguridad de la población del entorno” y “evitar acontecimientos violentos”, según indicó en su auto.
También prohibió “montar estructuras y acampadas en las calles y plazas de la ciudad sin previa autorización municipal”.
En el momento del aterrizaje del helicóptero en el que llegó el exmandatario para ser conducido a su celda, equipos de choque de la Policía dispersaron con gases lacrimógenos a los partidarios de Lula que protestaban en la puerta de la sede policial.
Contra los detractores no utilizaron los mismos métodos y esperaron a que abandonaran el lugar por su propio pie.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y pretende presentarse a las elecciones del próximo octubre pese a su situación jurídica, ingresó hoy en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde fue recluido para empezar a cumplir la pena de 12 de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Lula llegó a Curitiba en avión un procedente de Sao Paulo, donde se entregó a la Policía Federal en cumplimiento del auto de prisión dictado por el juez Sergio Moro.
Moro, encargado en primera instancia de las investigaciones del caso Petrobras, por el que fue condenado Lula, sentenció a Lula en julio de 2017 a 9 años y 6 meses de prisión al dar por comprobado que obtuvo un apartamento en la playa a cambio de beneficiar a la constructora OAS con contratos de la petrolera estatal.
La condena fue aumentada en enero pasado a 12 años y 1 meses por un tribunal de segunda instancia, que además determinó su ingreso en prisión una vez agotados los recursos en esa corte. EFE