En un artículo de Octubre pasado, decíamos que pronto sabríamos si lo ocurrido el 1-O en Cataluña fue un golpe de estado o un acto de legitimidad democrática. Seis meses y medio más tarde, la situación apenas ha cambiado, pues ni las instancias judiciales españolas han inculpado aun, por sentencia firme, a ninguno de los involucrados, como tampoco el independentismo ha logrado alcanzar una formación nueva de gobierno que cumpla los requisitos políticos necesarios.
Pero más allá del enfrentamiento y divisionismo ocasionados a la sociedad catalana en particular y a la española en general, si algo ha dejado para el análisis el proceso separatista lleno de irreverencias a la ley, a las instituciones, así como al sentido común, tanto de parte de los independentistas como del gobierno español, son sus consecuencias y secuelas.
De entre ellas, una que sobresale manifiestamente, es la ausencia, precisamente, de un gobierno regional en Cataluña durante todo el tiempo del conflicto, dando la impresión de que no hiciese falta ninguno propio y que realmente toda esa dinámica de encuentros y desencuentros para que el parlamento catalán designe un presidente es fútil e innecesaria. La sensación resultante es la de que los catalanes pueden gobernarse solos y que un gobierno formal allí es prescindible. Una suposición que se refuerza con el tiempo empleado, cuando si lo había, por el señor Puigdemont y demás funcionarios a las actividades separatistas, en lugar de aquellas otras, propias de un gobierno dedicado a atender los problemas y necesidades de la ciudadanía.
Llenado ese vacío desde Madrid, por el gobierno central, como efecto de la aplicación del Artículo 155 de la Constitución española, al menos la conclusión más inmediata que pareciera desprenderse de todo ello, es la de que gobernar Cataluña no requiere de demasiado esfuerzo, ni tiempo.
Lo anterior nos conduce inevitablemente a la figura del Artículo 155, que a pesar de la incertidumbre existente sobre su implementación, por falta de experiencias previas, ha resultado menos traumático de lo previsto, sin querer decir con ello que no haya habido traumas. Los hubo, pero más por decisiones desafortunadas del gobierno de Rajoy, algunas a destiempo y otras políticamente incorrectas, que por la intervención que supuso su aplicación en sí.
Dicha disposición constitucional, si bien autoriza al gobierno central a adoptar las medidas necesarias para constreñir a una Comunidad Autónoma que no cumpla con sus obligaciones constitucionales o atente contra el intereses general del Estado, al acatamiento forzoso de esas obligaciones o a la protección de aquel interés general, deja a discreción del gobierno la implementación de tales medidas que pueden ir desde una intervención administrativa hasta una de carácter militar.
El gobierno de Rajoy optó por la primera, pero ejecutándola a distancia, con un fuerte acento en la actuación judicial y con la idea equivocada de que yendo a Cataluña con la ley en la mano le era suficiente; pero sobre todo, ignorando que en una democracia el consenso y la conciliación de intereses discordantes constituyen su esencia. Y este es precisamente el mayor desacierto político del gobierno de Rajoy en su manejo del problema catalán, el no haber echado mano suficientemente de la política para tratar de solucionarlo.
Uno de los efectos de judicializar los conflictos políticos en una democracia, aun cuando puedan encerrar alguna conducta delictiva por parte de sus protagonistas, es la victimización de estos últimos, quedando las medidas coercitivas del Estado por más legitimas que puedan ser, ante la opinión pública, como un acto de despotismo frente a débiles manifestantes que ejercen sus derecho a expresarse. Imagen que se potencia aún más, cuando el enfrentamiento con el gobierno se arropa con banderas independentistas buscando salir de la opresión que los encadena, etc.
Otro efecto a la vista, es la terquedad de ambos bandos. Así como Rajoy se empeñó en que hubiese nuevas elecciones para el parlamento catalán en diciembre pasado, a sabiendas que no cambiarían el espectro político, pues los partidos secesionistas han tenido históricamente mayoría de escaños, estos últimos tampoco han hecho nada por buscar un horizonte de más mediano plazo, con un candidato independiente que no independentista, para conformar un gobierno de ocasión que les permita salir del atolladero en que se encuentran metidos, a falta de pretendientes para la presidencia que no se reduzcan a Puigdemont, a los Yordi, o a cualquier otro secesionista que no esté sujeto a medidas preventivas de cárcel o haya optado por el ostracismo voluntario.
Entre estos dos extremos de obstinación absoluta, sin un dialogo en agenda y objetivos prioritarios que no sean los de siempre, la sombra de unas nuevas elecciones se cierne, otra vez, sobre Cataluña, para reiniciar una historia que pareciera no tener fin.
@xlmlf