La Asamblea Nacional venezolana tomó la decisión, por 105 contra 2 votos, de autorizar la continuación del juicio que llevan adelante magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en contra de Nicolás Maduro. El juicio se desarrolla por acusación y denuncias de la Fiscal General de la República, también en el exilio, Luisa Ortega Díaz. El fondo es la corrupción, en este caso la que se produjo por sobornos y sobreprecios en la contratación de obras del Estado venezolano con la empresa Odebrecht. El nombre de Maduro ha salido a la luz en declaraciones de funcionarios de la citada empresa, quienes afirman haberle entregado, en dos oportunidades, dinero en efectivo por casi 50 millones de dólares, al entonces canciller de la república. Y, en general, hasta ahora, se habla de 98 millones de dólares en sobornos.
Estás declaraciones son suficientes para impulsar una investigación en contra del citado funcionario. Pero no estamos hablando sólo de sobornos y sobreprecios, es que también hay que rescatar que el 80% de las obras contratadas no han sido terminadas y la mayoría tiene porcentajes muy bajos de ejecución. Emblemático para nosotros es el caso del Puente Cacique Nigale en nuestro Estado Zulia. Su piedra fundacional fue colocada en acto público en plena campaña electoral de 2006. 12 años después el avance de la obra se encuentra en un 16% sin perspectivas de que pueda ser continuada en plazos prudenciales. Así mismo pueden ser mencionados el sistema de transporte Caracas-Guarenas-Guatire, la línea 5 del Metro de Caracas, la línea 2 del Metro de Los Teques, la culminación del tercer puente sobre el río Orinoco, entre otras.
Todo esto no es más que la punta del iceberg de todo un proceso de corrupción que clama al cielo. Es una corrupción generalizada, que se constata en todos los niveles de gobierno, desde los más altos hasta los más modestos. Mientras quienes llegaron al poder con el discurso de la redención del pueblo, se corrompen alarmantemente, la población venezolana sucumbe en la tragedia del hambre, de la escasez, de la pésima prestación de servicios públicos, de la galopante inseguridad, del caos sin sentido.
La historia le dedicará muchas páginas a la descripción de los procesos de corrupción de estas últimas dos décadas. En Venezuela no hay justicia. En nuestro país no hay Constitución ni ley. Todo ha sido proscrito por la acción de unos irresponsables que solo muestran interés por el poder sin detenerse a considerar el profundo, en muchos casos irreparable, daño que le han hecho a nuestra nación.
Si por este caso de Odebrecht han sido enjuiciados, perseguidos, sentenciados, destituidos u obligados a renunciar presidentes y expresidentes de varios países latinoamericanos ¿Por qué el de Venezuela aprovecha la impunidad que él mismo ha generado para librarse de la justicia?
Nicolás Maduro merece ser enjuiciado. Pero no solo por este caso. Maduro merece ser enjuiciado por delitos de lesa humanidad, por haber ordenado el ataque y la muerte de más de cien jóvenes que salieron a luchar por la libertad de Venezuela, por haber ordenado el asesinato de venezolanos que públicamente se habían rendido, por los daños ambientales en el arco minero, por traición a la patria, por la corrupción de PDVSA y muchas otras corrupciones, por la emergencia humanitaria en alimentación, salud y educación, por la destrucción de la economía venezolana y por haber auspiciado el más grave proceso inflacionario que hayamos vivido en nuestra historia y en el mundo entero.
Por esas razones hemos votado a favor de la continuación del juicio contra Maduro. Que se profundice la investigación, que podamos superar el bloqueo a la justicia, que se demuestre su culpabilidad y que sigamos luchando por librar a Venezuela de la desgracia madurista.
Juan Pablo Guanipa V.
@JuanPGuanipa