Justicia, y todo el peso de la ley, exigen los padres de tres menores abusados sexualmente en la población de Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana, en contra de quien está considerado el abuelo de los niños, y a quien se pretende otorgar una medida humanitaria por enfermedad para darle libertad.
Nota de prensa
Eduaris Solís Marín y Gerald Zambrano, padres de las víctimas de abuso sexual infantil, denunciaron no sólo el viacrucis que han vivido desde hace tres meses, el hostigamiento y acoso policial, sino los vicios e irregularidades que se han dado durante todo el proceso judicial, que incluye forjamiento de actas y desaparición de pruebas, donde se ha visto comprometido el interés superior de los menores.
“Como madre quiero tener fe en la actuación imparcial de las instituciones de justicia, y el fiel cumplimiento de las leyes, y no que se trate por todos los medios de favorecer a un abusador sexual para que salga en libertad”, demandó Eduaris Solis.
Los padres de los menores manifestaron su angustia y temor ante el hecho que el caso pueda quedar impune y el culpable de haber destrozado sus vidas quede en libertad. Precisaron con preocupación la actuación que ha tenido la Fiscalía del Ministerio Público en el estado Bolívar, primero con las fiscales decima del Ministerio Público-Puerto Ordaz con jurisdicción Tumeremo Ana Karina Lobeluz (auxiliar) y Emili Hernández (provisoria), cuyas conductas fue favorecer al imputado con una calificación débil del delito cometido. Posteriormente, la Fiscalía 13 en San Félix a cargo de Miriam García, que asumiría el caso ante la recusación de las anteriores fiscales, mantuvo la misma conducta en favor del abuelo violador.
Ernesto Ali Campos, abuelo de los menores que estaban bajo su resguardo, está detenido en la sede policial de Santa Elena de Uiarén, bajo ciertos privilegios, cuando se había establecido su reclusión en el Internado Judicial la Pica. Mientras, que sobre Beatriz Patricia Barrios, abuela, pesa una orden de aprehensión librada el pasado mes de enero, que debe ser cumplida por tratarse de la cómplice y encubridora del delito de abuso sexual.
La causa actualmente está en manos de la Fiscalía Octava en materia de menores con sede en Ciudad Bolívar, a cargo de Nellymar González; y de la Juez Primera de Control Accidental en Materia de Violencia Contra la Mujer con sede en Tumeremo, Rosmery Espinoza Vidal.
Para los padres de las víctimas ambas instancias judiciales de alguna manera han dilatado el proceso, generando retardo y omisión lo que ha causado daños irreparables a las víctimas, que son quienes necesitan protección y resguardo de los entes judiciales.
Este atroz delito no puede quedar impune, exigieron los padres de las víctimas. Es por esto, que solicitan al Fiscal Superior del estado Bolívar, Orlando Alcalá, y al presidente del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, Andrés Maza, meter la lupa a esta causa y velar por el cumplimiento de la norma y garantizar se haga justicia.
Asimismo, solicitan que el caso sea llevado por un Fiscal con Competencia Nacional o que la causa sea radicada en otra jurisdicción penal, así como cambiar el lugar de reclusión del abusador, a los fines de garantizar una correcta administración de justicia, y evitar cualquier obstáculo que interfiera con la autonomía de los entes y, la aplicación de una justicia imparcial.
Además, de exigir se verifique por el ente judicial respectivo los exámenes clínicos correspondientes al abusador, considerando su supuesta enfermedad crónica, con lo que no descartan traten de buscar una medida humanitaria por enfermedad.