Una investigación en torno a la serie de allanamientos ocurridos durante el 30 de abril a las viviendas y oficinas de los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional, inició la Comisión Permanente de Política Interior, según información suministrada por su presidenta, la diputada Delsa Solórzano (Unidad/Miranda).
Nota de Prensa
La parlamentaria, en el contexto de la Comisión Consultiva efectuada este miércoles 2 de abril de 2018, dijo que es un hecho público, notorio y comunicacional ante el cual la Asamblea Nacional no puede mantenerse al margen.
“Hubo también una situación de secuestro para con la hermana de la magistrada Elenis Rodríguez, quien fue convocada a la sede de la policía política con la finalidad de declarar yo no sé sobre cuales hechos. El único hecho ha sido que unos magistrados fueron designados por la Asamblea Nacional”, acotó Solórzano.
Dijo también fueron allanadas una posada, hecho que es “violatorio de la Constitución y la ley y de los principios más básicos del derecho”.
“Los principios que rigen el derecho penal hablan claramente de la pena como un asunto absolutamente personal, lo dicen los tratados internacionales en los que en esta materia ha suscrito Venezuela, lo dice el capítulo 1 del título primero del Código Penal y lo dice la Constitución en su artículo 44 numeral 3, cuando claramente señala que la responsabilidad penal no puede transcender de la persona condenada; si hubiere algún delito, que no lo hay, es a los ciudadanos magistrados a quien debe investigarse y no a sus familiares”, explicó Solórzano.
Este hecho es un símbolo atávico, completamente de la edad media cuando se perseguía a la familia para poder apresar a la persona que supuestamente ha cometido algún delito”, dijo.
Adelantó que, aun cuando no les respondan, han enviado comunicación a los distintos entes competentes solicitando información.
En paralelo, acudirán a los organismos internacionales: “cuando se nos niega la justicia se abren los caminos de la comunidad internacional, a la cual acudimos permanentemente porque hay que dejar constancia de lo que ocurre hoy en Venezuela y, porque hoy no hay justicia en Venezuela, si la hay a nivel internacional”.
En torno al caso, el presidente del parlamento, diputado Omar Barboza (Unidad/Zulia) calificó el hecho como terrorismo de Estado aplicado cobardemente contra familiares de personas que supuestamente han cometido delitos de acuerdo el criterio político del gobierno.
Advirtió que se debe alertar también a los organismos internacionales en materia de derechos humanos para que estén al día de lo que sucede en el país.