Por regla general, no acostumbro a tratar temas personales o familiares en esta columna. Su contenido casi siempre lo constituye el análisis de la terrible situación del país y sus lamentables consecuencias.
Sin embargo, en esta oportunidad las circunstancias me obligan a referirme a un tema que me toca muy de cerca: la invasión, robo y despojo de que han sido objeto los propietarios de la finca “La Primavera”: los hermanos Febres Villalba, es decir, mi esposa Marisela, e Isilio, Mariana, Fernando y Gerardo.
Este viernes, un simple twiter del presidente del Instituto Nacional de Tierras (@luiSoteldopapel) anunció que había hecho “efectivo el rescate de 749 hectáreas del Hato La Primavera, entregadas a 20 colectivos campesinos de la parroquia Alto Barinas”.
Hasta el momento en que escribo estas notas, mediodía del lunes 07 de mayo, los afectados por este vulgar despojo de su legítima propiedad privada no habían recibido ni siquiera una notificación oficial al respecto, lo que dice mucho de la forma inconstitucional, ilegal y contraria a los derechos humanos con que manejan estos asuntos el régimen y sus funcionarios.
Este es uno, por supuesto, de los miles de casos en que el chavomadurismo –tal como lo viene haciendo desde sus inicios– desconoce el derecho de propiedad privada y actúa de manera arbitraria, demagógica e irresponsable contra fincas e industrias en plena producción con el argumento mentiroso de que se encuentran ociosas, y procede a entregárselos a sus “colectivos”, sin fórmula de juicio y en abierta violación de la Constitución, las leyes e, incluso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este proceso de invasión, robo y despojo contra la finca “La Primavera” y otros predios adyacentes comenzó cumpliendo el libreto chavomadurista al respecto: el dos de febrero de 2016, sus invasores penetraron de manera violenta en la propiedad privada de los Febres Villalba, y desde entonces, no hubo forma ni manera de desalojarlos, ni de garantizar, en consecuencia, la siembra de las 700 hectáreas de maíz que desde hace décadas venía produciendo esa finca, mucho menos la integridad personal de los trabajadores, amenazados por sujetos armados y violentos.
Se conformó, desde entonces, un cuadro de impunidad a favor de los invasores, algunos de ellos traficantes de tierra también. Fueron numerosas las diligencias de los propietarios ante los organismos de seguridad y orden público de la gobernación y del gobierno nacional solicitando el cumplimiento del decreto contra las invasiones, firmado por el maestro Chávez como gobernador. Ninguna de esas peticiones fue atendida. Se procedió a “ruletearlas”, es decir, a remitirlas a otros organismos y estos, a su vez, las devolvían, en una burla siniestra y recurrente.
Fueron dos años de absoluta impunidad en beneficio de los invasores, y de burla y desconsideración contra los propietarios de la finca “La Primavera”. El objetivo siempre fue amparar a los invasores y negar los derechos de los Febres Villalba. De nada valieron la tradición legal de la propiedad, adquirida por su bisabuelo hace cien años, ni que gozara de una medida judicial de protección agroalimentaria, ni que estuviera certificada como finca mejorable, ni que durante cuatro generaciones “La Primavera” siempre hubiera sido una finca en permanente producción agropecuaria.
Mientras tanto, la invasión dio paso al robo de parte de la maquinaria agrícola (entre ellos, un tractor y un camión, hechos denunciados formalmente) y de sus componentes, insumos de siembra, transformadores eléctricos con sus respectivos postes y cables, árboles maderables y, finalmente, saqueo y destrucción de la casa de la finca. Todo ello se puso en conocimiento de las autoridades competentes en su momento y ninguna se dio por enterada, mucho menos alguna de ellas procedió a detener el desvalijamiento de la propiedad.
Así se llegó al despojo definitivo por parte del régimen, repitiendo una vez más política de saqueo y robo de una unidad agrícola en plena producción, despropósito que repiten desde hace varios años, y que explica en parte la escandalosa falta de alimentos y su carestía, gravísimo problema, entre muchos otros, que hoy afecta a la gran mayoría de los venezolanos. En premio a su acción vandálica e ilegal, las tierras de la finca “La Primavera” han sido entregadas a los invasores, en flagrante violación de la Constitución y de las leyes respectivas.
El despojo y robo de la finca de “La Primavera” es apenas uno entre muchos. Pero revela, una vez más, la tragedia que viene afectando a Venezuela desde la llegada del actual régimen al poder y que se sintetiza en la violación constante de los derechos humanos, de la propiedad privada, de la iniciativa personal y en la ruina creciente del aparato productivo privado, el único que garantiza la producción, la productividad y miles de empleos, visto que las empresas expropiadas por el Estado hoy se encuentran quebradas y acabadas.
@gehardcartay