Con las elecciones presidenciales que Nicolás Maduro ha organizado a su medida para hoy se culmina el desmantelamiento de la institucionalidad democrática venezolana. Las elecciones se celebran sin garantías de transparencia ni limpieza, con una oposición perseguida y encarcelada, millones de compatriotas fuera del país y sin el aval ni la supervisión de ningún organismo independiente, ni dentro ni fuera del país. Se trata de un proceso fraudulento de principio a fin destinado a barrer a la oposición democrática y a consolidar a Nicolás Maduro en el poder, reseñó El País.
Desde que el 6 de diciembre de 2015 Maduro fuera derrotado en las legislativas, la maquinaria del chavismo puso en marcha un plan para destruir a la oposición, y con ella el sistema democrático. Usurpó el poder de la Asamblea Nacional creando una Cámara constituyente paralela controlada por el oficialismo, reformó la ley electoral, encarceló a la oposición, copó las administraciones regionales, utilizó a cuerpos paramilitares contra las manifestaciones y, finalmente, se dispone a perpetuar al presidente. Todo ello mientras completaba, en paralelo, la destrucción de la economía venezolana y empobrecía a sus ciudadanos, forzados a sufrir unas condiciones de vida dramáticas mientras los jerarcas del régimen se enriquecen sin límite.
Maduro no ha querido correr ningún riesgo ni dejar ningún cabo suelto. Ha ofrecido dinero a través del carnet de la patria asignado a más de 12 millones de venezolanos, que es el principal y más peligroso mecanismo de coacción del Gobierno. Ha utilizado la televisión pública a sus anchas y ha empleado recursos e instituciones públicas en la campaña. Y ha puesto fuera de la carrera a Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia, inhabilitado y encarcelado en vísperas de la convocatoria electoral ante la perspectiva de que le pudiera hacer sombra.
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