Desde hace tiempo he querido abordar este tema. La fortaleza de un Estado está basada en su población. Para ello existen diversas maneras de conocer la cifra exacta de habitantes. Una es saber el número de ciudadanos que constituyen su sociedad, a través de los censos nacionales. En Venezuela esto ocurre cada 10 años.
En nuestro país han existido destacados investigadores en demografía que han categorizado la población venezolana. El profesor Francois Benko, padre de la demografía moderna en Venezuela, es uno de ello. Otro destacado especialista en población es el Dr. Hernán Méndez Castellano, quien inició los estudios sobre la estratificación de la población venezolana.
Sin embargo, y aunque existe un centro especializado en saber de manera profesional el número de habitantes de nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística (INA), resulta muy difícil conocer, en la actualidad, el número exacto de habitantes.
Peor aún, al no tener datos estadísticos confiables, actualizados y rigurosamente contrastados se corre el riesgo de sesgar la información. Los controles sobre la población venezolana, en materia de identificación, resultan de inestimable valor porque están vinculados con la seguridad de la nación y más aún, con la supervivencia y vigencia de la sociedad, tradiciones y cultura.
Indicamos esto en razón de la serie de dudas que en los últimos años se vienen presentando, tanto con la data estadística que presentó en su momento el INA como en la cuestionada cifra sobre la población apta para sufragar en elecciones, presentada por el Consejo Nacional Electoral.
Esta duda que se presenta, tanto con la cantidad de habitantes, clasificada por estrato sociales, y la población con derecho al voto están relacionadas con los grupos de individuos, de otras nacionalidades, quienes son introducidos al país de manera ilegal y tras cierto tiempo, terminan con documentación venezolana. Esto es, “legalmente” venezolanos, por naturalización y hasta por nacimiento.
La proliferación de los procesos de cedulación en Venezuela (gran parte de ellos en las plazas Bolívar de ciudades y pueblos) y hasta en casas de particulares, indudablemente incorporó a la sociedad (visibilizó y reconoció) de forma legítima y legalmente a millones de venezolanos cuyo único documento era la boleta de nacimiento (no la partida de nacimiento). Pero también ha servido para triquiñuelas, generando estafas y convirtiéndose en peligro inminente para la seguridad del Estado y la sociedad.
Lo más notable y de inevitable riesgo ha sido el otorgamiento de pasaportes a un número indeterminado de sujetos, quienes fueron detenidos en Europa, cometiendo actos terroristas, tanto en Francia como en los Países Bajos.
De ser Venezuela el país que por décadas mantenía un estricto control de su población con el documento de identificación más seguro y masivo de Latinoamérica y de los mejores en el mundo, sus ciudadanos han pasado a ser personas con documentación dudosa, tanto con la partida de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte, para la gran mayoría de países donde un connacional intenta entrar. Y es que en Venezuela el tráfico con documentación de identificación “legalmente falsa” es un verdadero negocio.
Creo que uno de los primeros actos que debe realizar una nueva administración para un nuevo gobierno de Estado, será la revisión, tanto de la data de la población total de venezolanos, en todas las entidades federales, parroquias y municipios, como también contrastar sus documentos de identificación.
En la Venezuela del siglo XXI hay venezolanos por nacimiento, la gran mayoría, como también por naturalización. En ambos grupos y muchos individuos, existe duda razonable sobre la veracidad de sus documentos de identificación.
El uso de documentación “legalmente” otorgada a individuos extranjeros haciéndolos pasar como nacionales, por estrategias políticas, tanto para aumentar el registro electoral nacional como para disfrazar a terroristas, está causando un dramático riesgo de seguridad nacional con consecuencias muy trágicas.
Es muy posible que la intensificación de la persecución y sanciones contra personajes de la administración pública venezolana, sea como consecuencia de los actos terroristas causados en Europa en años recientes. Esos actos terroristas ejecutados por individuos con documentación venezolana, indudablemente que ya han sido averiguados e identificado a sus responsables, sean de manera directa como a sus actores (protectores y financistas) intelectuales.
Todo indica que hay rutas de identificación que llevan hasta las mismas entrañas del régimen totalitario venezolano, bolivarista, chavizta y socialista del siglo XXI.
(*) [email protected] TW camilodeasis IG @camilodeasis1