El Observatorio AC Kapé Kapé condenó a través de un comunicado el asesinato de cinco indígenas de la comunidad Pemón en el municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar, reseñó El Correo del Caroní.
La asociación civil, que promueve el respeto de los derechos de los pueblos originarios, denunció que este crimen se inscribe dentro de un patrón de violaciones de derechos humanos que han ocurrido desde los últimos meses, entre ellos secuestros y desapariciones forzadas, que ya han sido denunciadas por el Consejo de Caciques Pemón en un pronunciamiento público el pasado 18 de marzo de 2018.
La nueva masacre generó una protesta que se mantuvo hasta el jueves 7 de junio, indicó el diputado de la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, en la troncal 10 que comunica a Venezuela con Brasil.
A la comunidad de San Luis de Morichal, al sur de Venezuela, se llega solo por aire o por vía fluvial. En lancha queda a una distancia de tres a cuatro horas desde El Dorado, en las riberas del río Chicanán, uno de los afluentes del río Cuyuní.
En un tuit, De Grazia responsabilizó al ELN colombiano de la nueva masacre y exigió al ministro de la Defensa, Padrino López, el retiro de los grupos irregulares
Kapé Kapé reclamó al Estado venezolano que cese la impunidad de la que están siendo víctimas los pueblos originarios “a causa de la actuación de los llamados sindicatos armados que operan en la zona producto de la explotación minera, cometiendo todo tipo de violaciones de DD HH, sin que el gobierno regional o nacional ejerzan acciones”.
De acuerdo al derecho internacional, es un deber de todo Estado respetar y hacer respetar los derechos humanos, adoptando medidas eficaces para luchar contra la impunidad.
“Basándonos en el ejercicio pleno y efectivo del derecho inalienable de cada pueblo en conocer la verdad, hacemos un llamado al Estado venezolano a que proporcione la salvaguarda fundamental contra la repetición de violaciones de DD HH y se hace de inmediata exigencia en caso de fallecimiento o desaparición, como es el caso de lo denunciado San Luis de Morichal”, suscribieron.
La organización recordó que, además de estas desapariciones, otros líderes indígenas en 2017 fueron asesinados, como el caso de Oscar Meya.
En la lista de exigencias reiteran que el Estado debe respetar el derecho a la consulta previa de los pueblos y, en consecuencia, piden que se les consulte sobre la práctica minera en sus territorios, y de los grupos armados que operan en la zona.
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