Declaración de Caracas: ¡La última palabra la tiene el Pueblo, y NO el CNE, NI el TSJ!

Los venezolanos votaron el 14 de abril y demostraron masivamente que quieren un cambio pacífico.

Después de un proceso plagado de irregularidades de toda índole, el CNE hizo públicos unos resultados que produjeron de inmediato la reacción de rechazo unánime de la ciudadanía, que salió a las calles a exigir que los votos se contaran uno a uno.
Estas manifestaciones populares condujeron al candidato de la oposición a declarar que no reconocía los resultados, y a solicitar formalmente un reconteo del 100% de los sufragios.
El candidato del gobierno aceptó la petición públicamente.
El candidato de la oposición convocó entonces a la población para que lo  acompañara a presentar su reclamo hasta las puertas del organismo electoral.
El gobierno prohibió esta movilización, desconociendo el derecho a la manifestación libre del soberano. Y el Comando Simón Bolívar la suspendió hasta nuevo aviso, obrando en nombre de la prudencia.
Desmovilizada la protesta popular en la calle, el CNE proclamó como ganador de las elecciones y presidente electo al candidato del gobierno.
Venezuela padeció entonces el indigno espectáculo de una juramentación írrita, aplaudida por los socios extranjeros del régimen, y sin poder manifestar libremente su rechazo y su repugnancia.
En esta situación, los estudiantes, las ONG y variados representantes de la Sociedad Civil insistieron en concebir una Auditoría Integral y llevarla hasta sus últimas consecuencias, y exigieron además,  que se incluyera la opinión experta de organizaciones independientes para supervisar el conteo de los votos. El Comando Simón Bolívar respondió positivamente y convocó, entre otros, a ESDATA como asesor técnico.
Pero una vez juramentado bajo sospecha el candidato del gobierno, el CNE comenzó a desdecirse y a hablar de revisión y no de auditoría, para finalmente declarar que en ningún caso se podría producir un cambio en los resultados de la elección, ya que estos eran ‘irreversibles’, entre otras cosas, porque no se van a auditar los cuadernos electorales (el registro electoral por mesa) ni recontar todos los votos de la verificación ciudadana, supuestamente realizada en la noche del 14 de abril.
El CNE ha impedido, y continúa impidiendo la auditoría del Registro Electoral, y además, niega de plano la posibilidad de que el Pueblo cuente todos los votos y haga el recuento cada vez que sea necesario.
El CNE no puede colocarse por encima de la Constitución y las leyes, y declararse inauditable.
La realidad es que al Pueblo, que es el Poder Originario, no se le permite actuar como protagonista real de las distintas fases del proceso electoral, ni como ejecutor de las auditorías. No puede contar los votos ni hacer recuento cuando considera preciso hacerlo. Las papeletas de voto que se colocan en las cajas, única constancia palpable del sufragio para el ciudadano, no pueden ser contadas en su totalidad, porque  para los funcionarios del CNE ese conteo de papeletas solo es posible en la noche de la elección, y para una selección sospechosa de mesas, y a partir del día siguiente, simplemente ‘no existen’.
La maniobra del CNE busca trasladar el problema electoral al Tribunal Supremo de Justicia, para alejarlo aún más de los electores y de la verdad, ya que de todos es sabido que dicho tribunal obedece ciegamente las directrices políticas del régimen.
Y paralelamente al “peloteo” oficial sobre la auditoría, el Régimen ha diseñado un plan para amedrentar a los funcionarios públicos, a los líderes de la oposición, y para “criminalizar” cualquier protesta pacífica, sea en las casas con las cacerolas, o en la calle marchando por nuestros irrenunciables derechos humanos.
Hoy más que nunca, debemos trabajar en dos direcciones fundamentales: el éxito del reclamo electoral; y la lucha por exigir la solución a los grandes problemas cotidianos de los venezolanos. En tal sentido exigimos:
Primero: que el Comando Simón Bolívar regrese a su postura original de solicitar el conteo del 100% de las boletas contenidas en las Cajas de Resguardo, contrastadas con los Cuadernos Electorales y Actas de Escrutinio Automatizadas, llamando al pueblo a estar en la calle, en forma No Violenta y Pacífica, hasta que el CNE cuente todos nuestros votos, y hayamos verificado la autenticidad de los electores que aparecen votando.
Segundo: que no se acepte tener en vilo a todo un país por un mes, cuando resulta muy fácil que miembros de mesa, testigos y pueblo venezolano, con la presencia de observadores internacionales de organismos reconocidos,  cuenten todos los votos de todas las urnas electorales en un acto público organizado en los centros electorales, y cuya duración no debe pasar de una mañana. Solamente los miembros de mesa pueden abrir las urnas electorales.
Tercero: que se cree un Comité de Auditoría Integral de los cuadernos electorales, para revisar a fondo la calidad del Registro Electoral que se activó en la elección del 14A, y que este Comité esté integrado por técnicos independientes.
Cuarto: que de no aparecer cualquier Material Electoral, sean sancionados los responsables del Plan República y del CNE relacionados con su custodia, todo ello de acuerdo a la normativa vigente, y dando paso a llamar a nuevos comicios en las Mesas afectadas.
Quinto: que los partidos políticos no caigan en la tentación de poner las elecciones municipales por encima de la lucha que representa aclarar la verdadera voluntad popular manifestada el 14 de abril, y que tener como consecuencia colateral hacer realidad la celebración de futuras ELECCIONES AUTÉNTICAS.
Sexto: que mientras se enfrenta el plan desestabilizador del Psuv, CNE y TSJ, el CSB organice grandes acciones pacíficas de masas que exijan la resolución de los problemas de servicios, seguridad, educación, salud, e infraestructura. Llegó el momento de profundizar el concepto de la Unidad. El gobierno Ilegítimo debe sentir el peso de la población movilizada pacíficamente en la calle.
Exhortamos a la Sociedad Democrática a que se mantenga activa, como depositaria del Poder Originario, exigiendo la realización inmediata de la auditoría.
Y, finalmente, hacemos un llamado al CSB para que desconozca por ilegítima toda decisión, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos, tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 350.
Bolívar decía: ¡Maldito el soldado que levante sus armas contra el pueblo!
Hoy, sus hijos decimos: ¡Maldito el funcionario que robe los votos del Pueblo!
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Suscriben en Caracas, 24 de abril de 2013:
Enrique Aristeguieta Gramcko
Diego Arria
María Elena Arenas
Marisol Sarría
Susy Añez
Alfredo Weil
Manuel Malaver
Gral Div (r) José Antonio Olavarría
Ludwig Moreno
Kika Bisogno
Luis Manuel Aguana
Theresly Malavé
Iñaki Gainzarain
Eric Ekvall
Pablo Brito Altamira
Luisa Elena Vidaurre
Carlos Lee Blanco
María Conchita Alonso