El término “violencia sindical” es incorrecto para el Gobierno venezolano. De acuerdo con los resultados de una mesa de trabajo instalada en el 2011 -entre gobierno y sindicatos- , menos del cinco por ciento de los casos denunciados como sicariato sindical se corresponde con dirigentes legítimamente electos. correodelcaroni.com / Clavel A. Rangel Jiménez
Este fue uno de los argumentos que usó la comisión estatal para responder a la queja de los sindicatos ante la Organización Internacional del Trabajo que, en su última reunión -en diciembre de 2012- tomó nota de los planteamientos del Ejecutivo.
La exposición del gobierno ha quedado recopilada en el informe publicado en marzo pasado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en el cual -una vez más- el órgano de las Naciones Unidas pide conformar una comisión tripartita, presentar los resultados de las investigaciones, el estatus de los casos y las sentencias dictadas para sancionar a los responsables.
Según el análisis oficial, el impulso en la construcción de viviendas y desarrollo de infraestructura, los beneficios de la convención colectiva que según el gobierno ampara a 1 millón 200 mil personas, el aumento del poder adquisitivo y “la cantidad de obras que existen en el país ha hecho permeable a la acción delictiva de algunos grupos”.
La conclusión se deriva de la mesa de trabajo en el sector construcción y la Comisión Especial para el seguimiento de los casos de violencia laboral presidida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y de Justicia en noviembre del año 2011.
“La facilidad de acceso a las obras ha permitido la presencia de personas ajenas que deambulan entre los trabajadores y trabajadoras. Estas personas cuando son abordadas por los vigilantes de las empresas constructoras se identifican como sindicalistas sin que pertenezcan a ninguna de las estructuras sindicales”.
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