El Gobierno ha desatendido todas las solicitudes que se le han hecho para que revierta la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, formalizada el 10 de septiembre de 2012. Transcurrido el año de preaviso establecido en el tratado, a partir de hoy Venezuela queda fuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de modo que las víctimas de violaciones de derechos humanos que ocurran en lo sucesivo no tendrán la oportunidad de ser escuchadas y amparadas por el máximo tribunal hemisférico.
A pesar de todo, Hilda Páez y Aura Liscano, dos de las fundadoras del Comité de familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), insisten en el reclamo del derecho a la tutela internacional, consagrado en el artículo 23 de la Constitución.
“Si yo tuviera al frente a Maduro le diría que el pueblo humilde es el más perjudicado con la pérdida de la Corte Interamericana; los que no tienen dinero para pagar a un abogado y, a veces por vías ilegales, lograr justicia en los tribunales del país”, dijo Páez.
La mujer, que perdió a su hijo por los excesos militares durante la suspensión de garantías que se decretó luego del Caracazo, se convirtió en defensora de derechos humanos. “En todos estos años hemos comprobado que los pobres son los más desprotegidos y los que más necesitan el tribunal internacional que ahora nos quitan”, afirmó.
Liscano, que todavía espera que el Estado investigue y sancione la desaparición de su hermano en medio de la represión de los disturbios del 27 de Febrero, advirtió que la decisión gubernamental no detendrá las exigencias de las víctimas.
“Todos tenemos derechos humanos. Ni a la más humilde de las personas se les pueden negar. Por eso vamos a seguir luchando. Si nos quitan la Corte Interamericana, utilizaremos otras instancias”, insistió.
Con el chavismo llegó el conflicto. Venezuela firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969, la ratificó el 23 de junio de 1977 y aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de junio de 1981.
El 18 de enero de 1995 la Corte Interamericana falló contra Venezuela por la masacre de El Amparo. El Estado admitió su responsabilidad y pagó las indemnizaciones.
Después del golpe de 2002 el Gobierno acusó a la Comisión de convalidar el ascenso de Pedro Carmona Estanga al poder y negó la visita de la Comisión al país. Desde entonces Venezuela ha sido señalada en los informes anuales de la Comisión como uno de los países del hemisferio donde no están garantizados los derechos humanos.
El 18 de diciembre de 2008 el Tribunal Supremo de Justicia declaró inejecutable la sentencia de la Corte Interamericana por la destitución irregular de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En esa oportunidad instó al Ejecutivo a denunciar la Convención Americana.
El 26 de junio de 2012 la Corte Interamericana dictó la decimocuarta sentencia contra el Estado por el enjuiciamiento irregular de Raúl Díaz Peña, condenado por actos terroristas en sedes diplomáticas de Caracas. El Gobierno reaccionó con la denuncia de la Convención, el 10 de septiembre de 2012.