Cuando a raíz de las manifestaciones estudiantiles que empezaron el 4 de febrero por el intento de violación de una joven en los recintos de la Universidad de Los Andes en San Cristóbal, que se convertirían luego en una gran protesta popular nacional que se les unió a los estudiantes por las calamidades que los venezolanos estamos padeciendo desde hace más de una década, se iniciara una especie de acercamiento entre oposición y gobierno teniendo como testigos de buena fe a los Cancilleres de la UNASUR y la Santa Sede en la persona del Nuncio Apostólico en Caracas, hasta los menos optimistas y los más radicales volcaron su atención en los posibles resultados que podrían devenir de éste diálogo.
Claro que se preguntarán quienes no comprenden todavía lo que nos pasa como país, ¿porque si como dicen en el gobierno, la democracia venezolana está fortalecida, necesitamos ayuda del exterior y de la misma Iglesia para sentarnos como gente a conversar sobre los derechos y los deberes que están consagrados en la constitución y demás leyes de la República? Digo esto porque basta con recordar cuales son los puntos que la oposición ha estado exigiendo y denunciando durante los últimos años y que considera son básicos para el inicio de cualquier diálogo: la libertad de los presos políticos, el cese de la persecución y el regreso de los exiliados, la renovación de los poderes públicos, el desarme de los colectivos.
Sobre los presos políticos y el cese de la persecución se han propuesto distintas fórmulas, incluso se han llevado a la Asamblea Nacional no menos de cinco proyectos de Ley de Amnistía, para las personas que están injustamente encarceladas o perseguidas y las que permanecen en el exilio desde los inicios del primer periodo de gobierno del fallecido Hugo Chávez y el segundo período. Una Ley de Amnistía parcial fue aprobada en diciembre del 2007, dejando presos a quienes estaban sentenciados por casos específicos, como los acusados por los hechos del 11 de abril del 2002, los presos de la Plaza Altamira, los del caso Anderson, los trabajadores y directiva de PDVSA antes del paro que todavía siguen siendo perseguidos, y a todos los que se fueron del país precisamente para no estar sufriendo los rigores de una justicia que funciona como el brazo ejecutor del régimen.
Después del 2007 continuó la persecución, se sumaron más personas presas a la lista, como la Juez Afiuni, los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, José Dacre (Maraco), Julio Rivas, el prefecto de Caracas Richard Blanco, Ruben Gonzalez, entre otros. Todos ellos fueron beneficiados con medidas cautelares, incluso dos de los comisarios del caso 11 de abril obtuvieron medidas humanitarias por su grave estado de salud, pero no por iniciativa del gobierno de Chávez, sino por la presión que jóvenes estudiantes ejercieran en dos grandes huelgas de hambre en los años 2009 y 2010 en las que incluso intervino directamente el Secretario de la Organización de Estado Americanos (OEA) José Miguel Insulza, debido a la presión ejercida por los muchachos y la opinión pública. Debo señalar y recordar, que todos éstos procesos siguen abiertos y vigentes y son una espada de damocle para todos ellos.
Hoy, los presos políticos más antiguos, el Comisario Iván Simonovis, Marco Hurtado, Arube Pérez, Luis Molina, Héctor Rovain y Erasmo Bolívar por el caso 11 de abril y los comisarios Rolando, Otoniel y Juan Guevara por el caso Anderson, continúan presos, a pesar de que por Ley ya deberían haber sido impuestos de las medidas sustitutivas de la privativa de libertad por el tiempo de pena cumplida. Es decir, mantenerlos preso es simplemente un abuso de poder y una violación a sus derechos humanos. Lo que deberíamos entonces preguntarnos, es ¿porque hay que dialogar o negociar sobre la libertad de estas personas? El gobierno tiene la obligación de cumplir con lo que está escrito en la Ley. Punto. No hacerlo es violarla y es lo que ha hecho hasta el día de hoy.
Ahora bien, a estos presos que la oposición llama emblemáticos, se sumaron a raíz de las manifestaciones del primer semestre de este año, 237 personas que fueron privadas de libertad, de los que, según cifras de Foro Penal Venezolano quedan 71 tras las rejas. Es decir, de esos 237, 166 venezolanos estuvieron presos por días o meses y recibieron alguna medida cautelar para ser juzgados en libertad, junto a los que aún permanecen presos. Pero a esta lista hay que sumarle los 2047 venezolanos que también fueron detenidos y presentado en los tribunales y que recibieron medidas cautelares, pero que tienen procedimientos penales abiertos a raíz de las manifestaciones. Se suman a la nueva lista de presos políticos los Alcaldes de la Unidad Democrática Daniel Ceballos y Enzo Scarano y el Líder Nacional del partido Voluntad Popular Leopoldo López.
La persecución contra diputados, líderes estudiantiles, juveniles, partidistas, miembros de organizaciones civiles y de derechos humanos se acrecentó sin ningún tipo de restricción y así como tenemos presos estudiantes, abogados, amas de casa, jóvenes y no tan jóvenes, tenemos más venezolanos exiliados que no están dispuestos a someterse a esta Justicia Penal del Enemigo que encarcela a quienes se oponen a un gobierno que no quiere que la gente piense, opine, se exprese o manifieste su descontento.
¿Cómo se vuelve la oposición democrática a sentar frente a quien mantiene como rehenes a venezolanos que no han hecho más que ejercer su derecho a disentir, a protestar, a opinar y que fueron terriblemente reprimidos, maltratados o torturados? Hay gobiernos que no dialogan con secuestradores. En este caso, ¿la oposición debe dialogar o más bien negociar con quien mantiene secuestrado a un centenar de venezolanos,a más de de dos mil personas en las puertas de los tribunales y a cientos de exiliados? ¿Cómo se dialoga con quien mantiene a 9 personas presas y que aún siendo inocentes, han cumplido con el tiempo de la pena impuesta para estar en libertad bajo medidas sustitutivas y al régimen simplemente no le da la gana de otorgarlas? ¿Se negocian los derechos? ¿O se exigen?