La falta reiterada de material médico-quirúrgico y otros insumos en centros de salud como el Hospital Universitario de Caracas podría acarrear consecuencias legales para el Estado venezolano. La escasez de los materiales para realizar intervenciones quirúrgicas de urgencia causó la muerte de por lo menos 10 personas en los últimos 2 meses en ese centro de salud.
El sociólogo Yoli D’ Elía, asesor de derechos humanos de Provea, señaló que de corroborarse que hay responsabilidad del Estado y del gobierno que administra sus recursos en la falta sistemática de los materiales y en el acceso a los servicios de salud, las víctimas deberán ser objeto de indemnizaciones y reparaciones por los daños sufridos.
“Cualquier persona puede morir, pero las muertes tienen una conexión directa con la incapacidad de un servicio de prestar atención. Esa incapacidad no es aislada ni se resume a solo un momento. Tenemos varios años observando una caída, una descomposición institucional y operativa del sistema de salud pública, que lleva a que las muertes de los pacientes sea una consecuencia de esa situación. Estas muertes parecen indicar que hay una relación directa, entre las fallas y las muertes. Ha habido indiferencias de parte del gobierno al estado de la salud, lo que hace pensar que esas muertes son responsabilidad del Estado”, dijo.
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