Nadie puede negar que las misiones han contribuido a resolver problemas de la población necesitada. Lo que es discutible es su eficacia y eficiencia para atacar esos problemas.
Por Humberto García Larralde | Pdte de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
Por ejemplo, ¿No hubiera sido mejor que Barrio Adentro se hubiese integrado con la red de ambulatorios y hospitales del estado para fortalecer un gran sistema de salud pública, y que hubiese atendido la solicitud de las facultades de medicina de las universidades nacionales y del gremio médico venezolano de incorporarse a ese proyecto? En el caso de Mercal, en vez de depender de la importación masiva de alimentos, ¿No hubiese sido más propicio acuerdos de suministro con asociaciones productoras del campo a cambio de asistencia técnica y financiamiento, para garantizar de manera sostenible la oferta de estos bienes de proveedores locales? Y con la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), atender observaciones como las del ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UCV, Alfredo Cilento, sobre la necesidad de concebir la solución al problema de la vivienda de manera integral, considerando los servicios requeridos: escuelas, dispensarios, comercios locales, transporte, etc., ¿No hubiese redundado en una mejor calidad de vida para sus moradores? Pero sobre todo, es criticable la precariedad institucional y financiera con que fueron implantadas la mayoría de las misiones, sin previsión de fuentes estables de ingresos ni de mecanismos de rendición de cuentas, evaluación y control por parte de la Asamblea Nacional.
No ignoro que la forma como se instrumentaron obedeció al interés de Chávez de cosechar réditos personales como proveedor magnánimo de bienes y servicios, cuando más bien se trata de una obligación de Estado. De ahí la renuencia a compartir méritos con instituciones o personalidades aunque ello hubiese podido mejorar su desempeño. Pero la cosa va más allá. La insólita ofensiva de Maduro contra la aprobación en primera discusión por la Asamblea Nacional del proyecto de Ley de Propiedad a los adjudicatarios de viviendas de la GMVV, pidiendo a sus partidarios movilizarse en repudio, representa una de las mayores torpezas del desangelado mandatario. ¿Cómo oponerse a lo que todo residente anhela, que es tener el título de propiedad del inmueble que habita? El oficialismo habla de un millón de viviendas construidas desde que se lanzó esta Gran Misión. Como en todo lo que anuncia no hay forma de verificar tal aseveración. Aun cuando la cifra es seguramente menor[1], se trata de centenares de miles de venezolanos que Maduro enajena para lanzarlos a los brazos de las fuerzas democráticas. ¿La razón de tal suicidio político?
Está claro que la GMVV no sólo ha representado un instrumento para el proselitismo político, también lo ha sido para el control social. Ya lo puso en claro Maduro cuando, resollando por la herida de la derrota del 6-D, confió que estaba considerando no construir más viviendas pues “ustedes –refiriéndose al pueblo- no me ayudaron”. Ante el proyecto de Ley de Propiedad repitió esta malcriadez. Como en todo régimen patrimonialista, cree que es suya la propiedad de los bienes públicos. Igual al gordito que se lleva su pelota y bate, acabando con el juego de pelota porque lo poncharon, Maduro, “ponchado” por una Asamblea que decidió beneficiar a estos venezolanos, empezó a vociferar incoherencias contra una supuesta “privatización” (¿?) de la GMVV, contra el individualismo y el capitalismo, para amenazar que “jamás” permitirá que se materialice dicha ley. Provocó también pena ajena ver al profesor de la Facultad de Arquitectura de la UCV, Ricardo Molina, renegar de su formación para secundar semejantes sandeces desde su curul de diputado PSUVista en la sesión de la Asamblea Nacional ese día. Las amenazas –no sé si materializadas- de retirar los taxis entregados y desalojar a quienes les fueron adjudicado viviendas, en represalia porque supuestamente celebraron el triunfo de la oposición el 6-D, no dejan lugar a dudas del uso de estas misiones para chantajear a quienes resultan favorecidos, obligándolos a plegarse a los dicterios de la “revolución”, so pena de ser privados de tales bienes.
Otorgar el título de propiedad a un adjudicatario de la GMVV -hasta ese momento inquilino- le da la seguridad de que no será desalojado arbitrariamente en atención a intereses político-partidistas, de que le asiste un derecho que lo ampara a él/ella y su familia. Una vivienda de su propiedad puede legarse a los hijos o, luego de algunos años, ser vendida para mudarse a una mejor. Finalmente, representa un activo contra el cual pedir financiamiento –por la garantía hipotecaria- para emprender un negocio familiar y/o reparar, dotar o ampliar la propia vivienda, es decir, convierte esta propiedad en capital. La Ley de Propiedad empodera al individuo para proseguir sus propios sueños.
Pero ningún poder fascista puede tolerar el libre albedrío individual, porque escapa de su control. Necesita sustraer a los venezolanos de su condición ciudadana para convertirlos en masa informe, cuya única referencia de sí misma emana de los dictámenes del líder supremo. Ello es propio de un Estado Corporativo, que subsume a organizaciones sociales, otrora autónomas, en órganos suyos por ser representante de un todo, perdiendo su razón de ser como expresión de la voluntad popular. “Dentro del Estado todo, fuera del Estado, nada”, como sentenciara Benito Mussolini. Son las comunas, los consejos comunales y otras instancias de un supuesto “Poder Popular” que dependen en Venezuela, no de la comunidad, sino del poder central. La GMVV se inserta en ese andamiaje de control y sujeción. El proyecto de Ley de Propiedad rompe con esta sujeción, por lo que amenaza al control fascista. Por ende, tiene que ser enfrentado, no obstante el costo político implicado. Además, los procedimientos de registro y ejecución de la Ley de Propiedad de la GMVV permitirán saber cuál ha sido realmente el número de viviendas construidas, poniendo de manifiesto las mentiras del gobierno al respecto. Similares consideraciones son pertinentes para casi todas las demás misiones.
Ahora bien, todo régimen patrimonialista que vive -como el venezolano- de expoliar la riqueza social como si fuera propia, le interesa reducir su vulnerabilidad política. La oligarquía enseñoreada en el poder espera que quien funja de Presidente asegure la legitimación política necesaria para asegurar la continuidad de sus “negocios”. Para ello es la retórica “revolucionaria”, el control hegemónico de los medios y las mentiras bien llevadas. Chávez fue un maestro en tales menesteres. La torpeza de Maduro en oponerse a lo que a todas luces representa un beneficio a los moradores de la GMVV debe ser objeto de gran preocupación para esta oligarquía. Su ineptitud achica aun más su base de apoyo, por lo que la búsqueda de otro operador político más hábil pasa a ser un imperativo. En la medida en que sienta sus privilegios en peligro, las mafias atrincheradas en los intersticios del sistema de control “revolucionario” estarán más que dispuestas a negociar su renuncia.
La verdad es que deberíamos agradecer lo que está haciendo Nicolás Maduro para precipitar su salida del poder.
[1] ¿Cómo se explica el alegato del Ejecutivo de haber construido unas 340.000 viviendas el año pasado, bastante más que en años anteriores, cuando las cifras del BCV hasta septiembre de ese año revelan una caída del PIB del sector producción de un 5,2% con respecto a igual período del año anterior, aun con la millonada que se gastó en la construcción del 2° piso de la autopista de El Valle en Caracas?