Un grupo de trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) fue reunido esta semana para anunciarles que los que firmaron a favor del referendo revocatorio, no tienen oportunidad de comprar alimentos regulados en el operativo que hará la empresa este sábado y domingo en las instalaciones de la represa Macagua y en Guri, publica Correo del Caroní.
Clavel Rangel/[email protected]
El ingeniero Edgar Sánchez, con más de 10 años en Corpoelec, fue uno de los llamados a la reunión a la que convocaron solo a los que firmaron en el 1%, necesario para legitimar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como convocante del derecho constitucional.
En el operativo también se excluye a los trabajadores que están de vacaciones, reposo y a los que tienen “proceso administrativo” abierto. Sánchez indicó que la empresa utiliza la máscara del proceso administrativo para encubrir la discriminación que implementa a quienes decidieron participar en la activación del artículo 72 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. O al menos así les explicó el director de Talento Humano a algunos supervisores.
Sin miedo
El trabajador, parte de la gerencia de proyectos mayores de Tocoma, decidió denunciar por la continua intimidación que hace la empresa. Una semana después de firmar, Sánchez también fue convocado por el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, junto a otros técnicos, para conminarlo a que retirara su firma de la convocatoria de la MUD.
“Yo creo que no nos podemos quedar callados, este es un derecho constitucional. Sé que mucha gente se queda callada por temor a mantener su empleo, pero esto no se puede permitir porque no hemos hecho nada malo”, dijo.
“Si me quedo callado no va a pasar nada (…) ojalá que me escucharan quienes tienen poder de decisión no solo en Corpoelec, sino en otras empresas, porque todos somos venezolanos, todos estamos pasando por la misma situación, hay que denunciar y hay que actuar”.
Derechos humanos
Durante la convocatoria a la recolección del 1% de las firmas para la legitimación de la MUD como convocante al referendo, Corpoelec ejecutó despidos a trabajadores que estaban en nómina especial en todo el país bajo el alegato de órdenes superiores.
En Guayana, tres técnicos en edad de jubilación denunciaron públicamente la medida.
La discriminación en la entrega de alimentos, sin embargo, ha sido una denuncia reiterada desde 2015 durante la campaña de las elecciones de la Asamblea Nacional (AN).
Diversas organizaciones que defienden derechos humanos han advertido de sus implicaciones, incluyendo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (CESCR).
“Toda discriminación en el acceso a los alimentos, así como a los medios y derechos para obtenerlos, por motivos de raza, color, sexo, idioma, edad, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, con el fin o efecto de anular u obstaculizar la igualdad en el disfrute o ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales [entre ellos la alimentación] constituye una violación del Pacto.”