Ocho de cada diez ataques a la propiedad privada en Venezuela durante 2017 ocurrieron mediante fiscalizaciones llevadas a cabo por organismos gubernamentales y particularmente por la denominada Superintendencia Nacional de Precios Justos (Sundde), de acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Propiedad (ODP) del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).
Nota de Prensa
Estas medidas de afectación a la propiedad privada, de las que se contabilizaron 9.341 el año pasado, afectaron no solo a locales comerciales sino a otro tipo de comercios, como mataderos, terminales de transporte y plantas industriales. De manera similar, tuvieron lugar 1.011 aplicaciones de multas y 12 cierres de comercios.
Mención aparte en el monitoreo de las violaciones al derecho de propiedad merecen los saqueos en el país: durante 2017 tuvieron lugar 1.189.El ODP añade que tales violaciones, que recibieron un contundente repudio por parte de Cedice Libertad, ocurrieron con la anuencia de las autoridades.
Institucionalidad contra la propiedad
Las violaciones a los derechos de propiedad en Venezuela (que están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 115 de la Constitución Nacional) se ven facilitadas por un andamiaje institucional venezolano que atenta contra ellos y que incluye textos legales como la Ley de Tierras, la Ley de Arrendamientos y, más recientemente, la Ley de Precios Justos. A esto se suma que las agresiones contra la propiedad ahora han adquirido un perfil mucho más represivo al usar indiscriminadamente la policía política, violando garantías elementales como el debido proceso, la legítima defensa y la presunción de inocencia.
El ODP ha monitoreado 125.246 actuaciones contrarias a los derechos de propiedad desde 2005 hasta 2017, año en el cual se contabilizaron al menos 11.852 ataques, lo que lo convirtió en uno de los años con más violaciones a la propiedad privada de la última década.
Para Cedice Libertad, este panorama negativo para los derechos de propiedad incide de manera decisiva sobre la ciudadanía. La violación a los derechos de propiedad y el irrespeto al Estado de Derecho afectan el patrimonio personal y familiar y, con ello, también afectan incluso la salud mental del venezolano.