Una versión noticiosa habla del intento de asalto de la sede policial del municipio mirandino de Carrizal, por una banda de delincuentes. Otra, la dice obra de un presunto colectivo armado que diligenció el rescate de uno de sus integrantes detenido, aunque – admitimos – no logramos distinguir bien entre uno y otro caso.
Lo cierto es que, como si no bastara con la pandemia, ocurren situaciones ya regularizadas y, supuestamente, legítimads que colman de desesperación a los vecinos de un municipio que ha sido pacífico de compararlo con otros de la misma u otras entidades federales. Esta vez, casi anónimo el gobernador de la usurpación, actúan directa y descaradamente sus pretendidos alcaldes, como si gozaran de sendas patentes de corso para decidir el curso de los acontecimientos que les son propios y exclusivos, añadido – obviamente – el partido y los grupos paramilitares de los que se vale.
No hay Estado de Derecho y, mucho menos, ejercicio de la autoridad, sino el empleo de la fuerza a todo evento, faltando poco, para dirimir sus diferencias: las camarillas del poder también entran en conflicto en esta suerte de nuevo latifundismo revolucionario o dizque revolucionario. Cuales siervos de la gleba, el resto de la ciudadanía ha de soportar resignado los desmanes de una inaudita violencia que se traduce en el inmediato terrorismo psicológico, so pretexto del coronavirus que, realmente, tampoco combaten.
Vecinos refieren que jamás en Carrizal se había concretado algún colectivo armado, todo un eufemismo para el terrorismo de Estado por delegación, hasta los más recientes días. Respiran un ambiente de constante acoso, permitiéndose la intervención de otros alcaldes en los Altos Mirandinos para orientar arbitrariamente cualesquiera problemas que muy poco o nada, tienen que ver con el huésped peligroso, y más con una disposición de las personas y sus bienes de acuerdo al leal saber y entender de quienes se dicen las autoridades.
La usurpación mirandina ha reorganizado sus fuerzas alrededor de los alcaldes que le tributan algo más que un respeto reverencial, ejerciendo un sofocante control social que puede traducirse en una extraordinaria rentabilidad, pues, amenazada la vida personal y la propiedad privada de aquellos que intentan sobrevivirles. Latifundistas de control social, asoman la otra etapa que alcanza el régimen en su inevitable descomposición.