Tras el intento de llamada número 44 del viernes, Yunior García responde del otro lado, en La Habana. “Perdón, es que solo tengo señal en el teléfono a ratos”, dice el dramaturgo y activista de 39 años, quien se ha vuelto en los últimos tiempos el rostro más visible de la oposición en Cuba.
LIOMAN LIMA // BBC MUNDO
El día anterior, BBC Mundo lo había llamado 32 veces y el miércoles, 24 (incluido desde números diferentes).
“También estoy sin internet, creo que me están tratando de mantener incomunicado”, alega.
En su criterio, los problemas con su teléfono son una de las tantas medidas que han tomado las autoridades de Cuba desde que García creara una plataforma opositora llamada Archipiélago y convocara a “una marcha cívica por el cambio”.
En una inédita movida, el grupo solicitó autorización en varias provincias para realizar una protesta, fijada inicialmente para el 20 de noviembre, basándose en un artículo de la Constitución, en un país donde la oposición no es tolerada.
El gobierno anunció entonces ejercicios militares y un “Día Nacional de la Defensa” para la misma fecha, con lo que García y los demás miembros de Archipiélago -un grupo coordinado por 30 personas con variados posicionamientos políticos- decidieron adelantar la convocatoria para este lunes 15.
“Fue entonces cuando nos negaron el permiso y, al nosotros mantenernos firmes en el reclamo del reconocimiento del derecho a la marcha, que es un derecho humano y constitucional, fue que se agravó esta campaña en nuestra contra”, dice García.
Las autoridades de Cuba han dedicado largos espacios en sus medios oficiales para calificar la convocatoria de la marcha de “intento de desestabilización” y “provocación”.
Consideran que está “organizada y financiada desde Estados Unidos” y califican a García de ser “un líder creado por manuales” que “busca una confrontación del Ejército con el pueblo” y que “recibe financiamiento” de sus “amos del norte”.
Desde cuentas anónimas en redes sociales, los cubanos han sido advertidos de no salir a las calles el lunes y amenazados con que podrían ser reprimidos con palos, como ya pasó en las protestas del 11 de julio.
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