El Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocida como cárcel de Vista Hermosa del estado Bolívar, es el quinto penal en ser intervenido y desalojado por el régimen de Maduro.
Vista Hermosa es el penal que fue comandado desde el 2006 por Wilmer José Brizuela, alías “Wilmito”, quien se convirtió en el primer pran en Venezuela. Este fue el primer recluso que tuvo los lujos y un arsenal de armas dentro del penal, y que a pesar de las fotografías en donde se mostraba con armas largas en su poder, fue liberado a través de un régimen de confianza por la propia Ministra de Servicio Penitenciario, en ese entonces Iris Valera.
Luego de que “Wilmito” fue asesinado, el control de Vista Hermosa quedó en manos de sus hombres de confianza. Se trata de Wilkins Rafael Romero Maluenga, alías “Wilkins”; Giovannny Alejandro Navas Ochoa, alias “Pan”; y Edison González, alias “Chichi”.
Tal cual pasó en el resto de las cárceles que estaban bajo pranato, estas intervenciones continúan sin ser una sorpresa para nadie, pues se hizo de la misma forma que las anteriores: negociadas con cada uno de los pranes de estos recintos carcelarios.
En esta oportunidad se negoció con las tres personas que mantenían el liderazgo del penal y que, según información de los familiares y los mismos privados de libertad de Vista Hermosa, estos pranes informaron hace un mes a toda la población penal sobre la toma, indicando que se entregaría el penal y que todo debía ser pacifico.
Pero eso no fue todo, estos pranes se fueron de la cárcel una vez que dieron la información de la intervención, aseguraron los familiares.
Durante toda la semana pasada hubo preocupación sobre la toma y se restringió el acceso de algunas cosas al penal, como fue la compra de gas por lo que los internos estuvieron un poco limitados con la comida y no fue sino hasta el sábado que recibieron visita de los familiares que pudieron llevar comida.
Este mismo sábado los familiares confirmaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que los pranes no estaban en Vista Hermosa e inclusive observaron cómo los luceros que quedaron en este penal tenían en resguardo unas armas de fuego en una habitación.
“Eran pocas las armas, por lo que creemos que ya las habían sacado porque sabemos que aquí tenían un arsenal”, comentó a OVP un familiar a quien le resguardamos su identidad por temor a represalias.
De la misma forma relataron que a pesar de que los pranes tenían un mes fuera del penal, el cobro de la causa no se había suspendido. Este cobro extorsivo era de 20 dólares semanales, el cual debía ser cancelado todos los lunes, y en caso de hacerse por transferencia en bolívares debía ser el doble, por lo que los familiares preferían cancelar en dólares en efectivo porque de lo contrario eran encerrados en un cuarto como forma de castigo.
Hasta ahora la causa de Vista Hermosa es la más cara de todos los penales que han desalojado. En un mes los familiares debían cancelar a los pranes al menos 80 dólares, sin contar los pagos si querían pasar un niño, alguien sin cédula, mujeres menores de edad, casi todos los pagos también era de 20 dólares.
Preocupados por su integridad
Aunque los familiares de los presos de Vista Hermosa sabían de esta intervención, se aglomeraron en las adyacencias del penal, pero el domingo 5 de noviembre fueron retirados por funcionarios de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona.
Como a cuatro cuadras del penal estaban los familiares quienes con pancarta en mano rechazaban el desalojo y traslado de estos privados de libertad. Expresan que va a ser muy difícil trasladarse a otros estados a visitarlos porque la situación económica no lo permite.
Aunque algunos familiares pudieron hablar con el Ministro de Interior y Justicia, no fue mucha la información que obtuvieron. Hasta la tarde de este lunes no existía un listado o información de hacia donde se dieron los traslados.
El Estado no responde
Debemos recordar que en Vista Hermosa el 10 de noviembre del 2003 hubo una masacre en la que murieron 7 privados de libertad, ejecutados con tiros de contacto descendientes en sus cabezas, y 50 resultaron heridos, suceso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabiliza a Venezuela. Hasta la fecha el Estado no ha reparado los daños de las víctimas, ni ha respondido por ninguna de los mandatos de la sentencia.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones