La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) identificó seis errores cometidos por las autoridades brasileñas que han impedido esclarecer la muerte de la activista Marielle Franco, cuyo asesinato a tiros en Río de Janeiro cumple seis años este jueves.
Aunque los supuestos autores materiales están tras las rejas, se desconoce quién ordenó el homicidio y cuáles fueron los motivos por los que la entonces concejala fue ejecutada.
Según un informe divulgado este jueves por la ONG, entre los seis errores principales que fueron cometidos, por acción u omisión, por las autoridades destaca la demora en la solución del caso.
Asimismo, la falta de control de armas de uso exclusivo de las fuerzas del orden -como la subametralladora HK MP5 que mató a la concejala- y la obstrucción de las investigaciones por parte de funcionarios y policías.
Los constantes cambios de los responsables de las indagaciones, la falta de garantías para que los familiares tengan una participación efectiva en las investigaciones y las fallas del Estado para brindar protección a los defensores de derechos humanos, completan la lista.
“Después de los crímenes, hemos sido testigos, durante los últimos seis años, de numerosos fracasos e intentos de obstrucción de las investigaciones, muchos de ellos realizados por agentes públicos”, señala el informe de AI.
Para la ONG, todos los responsables de estos hechos deben ser identificados y sancionados, pero además se deben tener en cuenta una serie de “recomendaciones urgentes” para evitar que se repitan crímenes como el de Marielle Franco y las fallas que se han visto durante el proceso.
Garantizar que todos los involucrados en el crimen sean identificados y juzgados en “juicios justos” encabeza la lista de acciones sugeridas por la ONG, que también defiende el control eficiente de la producción, importación y venta de armas y municiones.
AI propone, además, que haya una fiscalización externa de la actividad policial para combatir la corrupción, así como la participación de observadores internacionales independientes que garanticen investigaciones imparciales.
Finalmente Amnistía Internacional resalta la importancia de que las familias tengan acceso “al derecho de participar en las investigaciones” y le pide al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva implementar un programa de protección a defensores de los derechos humanos, comunicadores y ambientalistas, en todo el país. EFE