Mientras estamos en un proceso electoral para la presidencia de la república que está erizado de obstáculos, con insólitos chantajes y condiciones antidemocráticas por parte del régimen violatorias del acuerdo de Barbados firmado con garantes y acompañantes internacionales entre los representantes del régimen madurista y los negociadores de las fuerzas democráticas, ocurren graves situaciones, imposibles de obviar. Entre ellas, quisiéramos destacar dos hechos. La publicación de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de los venezolanos (Encovi 2023), presentada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) el 13 de marzo de 2024 y la aprobación el 3 de abril en la asamblea nacional oficialista de un proyecto de ley supuestamente contra el fascismo.
Aunque ha habido una leve mejoría de algunos indicadores, seguimos en una emergencia humanitaria compleja. La realidad económica y social de Venezuela exige que haya políticas públicas coherentes y efectivas para solucionar aspectos de urgente atención por parte del Estado. ¿Qué esperar de un Estado que ha desertado de sus obligaciones e incumple los mandatos constitucionales vigentes que lo definen como un Estado Social de Derecho? ¿Qué prioridades hoy interesan a un Estado disuelto en intereses encontrados para acaparar lo que queda del erario público cual botín de guerra y cuyas estructuras de poder han sido asaltadas y usurpadas por una camarilla militar civil mafiosa y criminal?
¿Cómo pretender que el país se haya arreglado, si en el plano geopolítico los aliados estratégicos del gobierno actual no solo son de la cruzada anti-Occidente sino los peores regímenes autocráticos, Irán, Rusia, China, Siria, Turquía, Corea del Norte y en nuestra América, Cuba y Nicaragua, y Venezuela se halla en este entramado como parte de un juego de poder que nos domina en el que somos los peones de ajedrez?¿Cómo olvidar que el gobierno hoy es parte del crimen organizado transnacional, que buena parte del territorio sirve de refugio y está tomado por grupos terroristas de Hezbollah, Hamas, ELN, disidencias de las FARC y carteles del narcotráfico y pretendamos que se le vaya a dar prioridad al bienestar social y a las carencias de la gente cuando lo que importa es preservar el poder a cualquier precio y utilizar para ello terrorismo de Estado, persecución, miedo y represión?
La radiografía de la crisis es desoladora. Hubo 16.212 hogares encuestados a escala nacional. Entre los datos, 10% de los hogares más pobres reciben 10 U.S. dólares al mes y 6 de cada 10 hogares se encuentran en pobreza extrema. Un tercio de la población sufre de inseguridad alimentaria, 68% de los hogares venezolanos dejaron de comer alimentos saludables y el 80% de las familias temen no tener alimentos. Solo 6 de cada 10 estudiantes asiste a clases diariamente. Entre las causas están inasistencia de maestros, desmotivación y poca utilidad para colmar las necesidades cotidianas, falta de comida, enfermedad y las deficiencias de servicios públicos. De cada 10 madres entre 15 y 19 años, 8 están fuera del sistema educativo, lo cual incrementa sus niveles de pobreza. De las personas encuestadas con problemas de salud, el 40% se automedicó o no acudió a consulta por no tener los recursos para pagarla en un centro de salud.
Muchos venezolanos han emigrado en busca de mejores oportunidades económicas y condiciones de vida. Esto ha generado importantes flujos migratorios tanto dentro del país como hacia el exterior. La crisis ha exacerbado las desigualdades sociales y económicas en Venezuela y afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población. Urge un cambio de rumbo en el país y un nuevo gobierno que priorice la solución de los múltiples problemas que enfrenta la población y ofrezca igualdad de oportunidades para todos los venezolanos.
En su afán de control totalitario y hegemonía de la autocracia venezolana, para influir negativamente en la gente y organizaciones de la sociedad civil, incrementar la represión y el miedo, el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares busca imponer la discrecionalidad para su aplicación. Con un difuso marco de prohibiciones donde cabe todo lo que moleste o agreda la sensibilidad del poder dominante, este proyecto de 30 artículos, sin ni siquiera respetar el principio de legalidad, no tipifica con claridad en qué consiste en términos técnicos el fascismo. Irónico que sea este gobierno autocrático que ejerce violencia de toda índole contra ciudadanos inermes el que pretenda castigar la supuesta violencia de quienes se le oponen.
Recomiendo el ensayo de Umberto Eco sobre el “Ur-fascismo”, publicado en Cinco Escritos Morales, Buenos Aires, Lumen, 1997 y la carta abierta a Delcy Rodríguez del colega amigo Humberto García Larralde, un estudioso del tema y de su expresión venezolana. Un proyecto de ley que no respeta el principio de legalidad debilita los fundamentos democráticos del país al permitir la arbitrariedad y el autoritarismo en la aplicación de la ley. Su objetivo es reprimir la disidencia política y limitar las libertades individuales. Esto socava aún más la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho, hoy inexistente en Venezuela.
Queremos votar, no como farsa o fraude, sino para elegir un nuevo rumbo, con un liderazgo renovado, un nuevo gobierno y un nuevo modelo, que abra el horizonte de la transición hacia una democracia con decencia, dignidad, respeto a los otros y a los derechos de todos, tolerancia y libertades.